El pasado mes de mayo casi un centenar de vecinos de Ferrol denunciaron ante la Policía y el Juzgado de Ferrol el cierre sin previo aviso de la Clínica Dental Galiano. El negocio se había declarado en quiebra, dejando a sus pacientes con sus tratamientos a medio terminar y, en muchas ocasiones, con una gran deuda que pese al cierre debían seguir pagando.
El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de A Coruña se ofreció a mediar en la situación, poniendo a disposición de los afectados sus servicios jurídicos con el objetivo de encontrar una solución. A día de hoy, según asegura el presidente de la entidad, José María Suárez Quintanilla, ya ha dado comienzo la instrucción del caso por parte del juzgado número 2 de Ferrol, al solicitar este al Colegio toda la Información de la que dispongan.
Por otra parte, el doctor Suárez Quintanilla ha señalado que desde la entidad que dirige se está tratando de negociar una solución temporal para los afectados, que si bien en ningún caso expiaría la responsabilidad jurídica, sí podría ayudar a que algunos de los afectados puedan retomar sus tratamientos en una clínica diferente. “El primer acuerdo, el más importante, es la entrega del historial clínico voluntariamente por parte de los propietarios de la Clínica Galiano, que en este caso son los encargados de su custodia –porque en realidad la propiedad de ésta es de los pacientes– y estos propietarios están obligados por ley a ofrecer una copia del historial y de todas las pruebas complementarias que puedan estar bajo su propiedad. Les hemos dado un margen de 7 u 8 días para volver a hablar y así proponer una fecha que nosotros podamos comunicar a todos los pacientes para que puedan dirigirse a la propia clínica y obtener allí su historial. Les dijimos que nos parecía mucho más lógico que entregasen las fichas en el colegio profesional y nosotros proceder a dicha entrega –entre otras cosas para evitar tensiones personales que puedan surgir allí–, pero no estaban por la labor", señalaba el presidente durante una entrevista telefónica.
En cuanto al segundo acuerdo el doctor Suárez Quintanilla ha anticipado que trataría de solucionar lo antes posible los casos más sencillos. Este acuerdo trae consigo diversas dificultades, dado que desde la gerencia de la clínica se sostiene que todo se trata de un caso de quiebra –y no un presunto delito de estafa como reclaman los afectados–, pero como bien señaló el presidente de la entidad todo es cuestión de voluntad.
Por el momento desde el colegio ya se han comenzado los peritajes de los tratamientos. Estos análisis son completamente gratuitos y se realizan a petición de los pacientes. l