El análisis legal sobre el Brexit que el Gobierno británico se vio obligado a publicar ayer ha incrementado las críticas al acuerdo al que ha llegado con Bruselas la primera ministra, Theresa May, que puede dejar al Reino Unido vinculado a la Unión Europea (UE) de manera “indefinida”.
En un documento de seis páginas que era hasta ahora confidencial, el abogado general del Estado, Geoffrey Cox, alerta de que la cláusula de seguridad para evitar una frontera en Irlanda del Norte no prevé ningún mecanismo para que el Reino Unido abandone los arreglos aduaneros comunes sin el consentimiento de la UE.
Esa advertencia, que el Ejecutivo ha publicado por orden del Parlamento, alimenta la críticas del sector más euroescéptico del Partido Conservador y del norirlandés Partido Democrático Unionista (DUP), cuyos diez diputados son clave para que el pacto se apruebe en una votación el próximo martes. También ha provocado malestar en la oposición laborista, que ha forzado la publicación del análisis con una moción en la que acusaba al Gobierno de desacato al Parlamento.
Territorio aduanero único
Bajo el acuerdo respaldado por la UE el pasado 25 de noviembre, el conjunto del Reino Unido se mantendrá en un “territorio aduanero único” con el bloque comunitario hasta que no se llegue a un nuevo tratado comercial, mientras que Irlanda del Norte seguirá integrada en la actual unión aduanera comunitaria, según el informe de Cox.
Ese escenario persistirá “incluso si las partes están todavía negociando muchos años después, e incluso si las partes consideran que el diálogo se ha roto claramente y que no hay perspectivas de llegar a un futuro acuerdo comercial”, asegura el abogado general del Estado.
El diputado norirlandés del DUP Nigel Dodds fue uno de los parlamentarios que cargó contra el plan de la primera ministra tras hacerse público el documento.
“La Comisión Europea y el Tribunal de Justicia Europeo (TJUE) continuarán teniendo jurisdicción” en Irlanda del Norte, sostuvo Dodds, que aseguró que la provincia británica deberá tratar al resto del Reino Unido “como un país tercero” en materia comercial.
May necesita al menos 320 votos para dar luz verde al pacto al que ha llegado con Bruselas, pero solo cuenta con 315 diputados conservadores en la cámara, por lo que la oposición del DUP, hasta ahora su socio parlamentario, amenaza con tumbar el acuerdo.
En torno a un centenar de diputados tories han sugerido además que pueden oponerse al pacto, si bien la primera ministra todavía confía en convencer a muchos de ellos para que lo respalden a fin de evitar el desastre económico de un Brexit no negociado o unas elecciones anticipadas que puedan lleven al laborismo al poder.
En la sesión de preguntas a la primera ministra en los Comunes, May aseguró a los parlamentarios que ni Londres ni Bruselas están interesados de mantener más tiempo del “necesario” a Irlanda del Norte dentro de la cláusula de salvaguarda.