El duro enfrentamiento entre los consejeros madrileños de Sanidad (PP) y Políticas Sociales (Cs) por la filtración del protocolo de derivación de pacientes de residencias a hospitales ahondó la brecha en el Gobierno regional.
El rifirrafe entre el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y el de Políticas Sociales, Alberto Reyero, viene de semanas atrás, tras conocerse el elevado número de muertos en las residencias de la comunidad.
Pero el último choque se produjo estos días después de que el jueves el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, afirmara que el Ejecutivo de Ayuso dio la orden de no hospitalizar a pacientes de residencias de mayores.
Inmoral e ilegal
Iglesias basó sus afirmaciones en las palabras de Reyero, que había calificado de “inmoral” e incluso “ilegal” un protocolo que desaconsejaba la derivación a los hospitales de aquellos ancianos con infección respiratoria que no pudieran caminar por sí solos.
Ruiz Escudero reconoció en el pleno de la Asamblea, la existencia de este documento e intentó quitarle importancia afirmando que era “un borrador” que se envió “por error”
Justificación que rechazó ayer Reyero: “¿Un borrador es un documento que está firmado digitalmente, en el que aparece una hora y además que se envía en un correo en el que se pide que se distribuya a los hospitales y a las residencias?”, se preguntó el consejero naranja.
El consejero de Cs, que no piensa dimitir ni cree que haya “razones” para ser cesado, insiste en que esos protocolos “decían cosas que no son correctas, que no son adecuadas” y que a su juicio “van en contra de la propia Constitución”, dado que “una persona, por el hecho de que viva en una residencia, no pierde el derecho de ir a un centro de salud o ir a un hospital”.
Además, asegura que avisó de “las consecuencias que podría tener un protocolo como ese” y que escribió tres veces a Ruiz Escudero sin obtener respuesta.
Ayer mismo viernes El País publicó que Reyero había avisado a Ruiz Escudero en dos correos al inicio de la pandemia de que si no le ayudaba podría ocurrir que “muchos” de los usuarios de las residencias “fallecieran de forma indigna”.
Mientras, el Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid remitió al Tribunal Supremo la querella presentada por familiares de fallecidos en residencias de ancianos contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por la gestión de la pandemia en estos centros.