Tal y como estaba previsto, el Parlamento gallego aprobó ayer por unanimidad la proposición de ley pactada entre los cuatro grupos para reclamar al Gobierno la transferencia de la titularidad de la AP-9. Una “empresa difícil”, que no cuenta con “precedentes”, según advirtió el representante del PPdeG Martín Fernández Prado.

Tanto es así que el Gobierno vetó el debate en el Congreso de la anterior ley aprobada con el mismo fin: la reclamación para Galicia de las competencias sobre esta vía. Ahora, como indicaron todos los portavoces, el nuevo texto normativo excluye todas las referencias a plazos y costes que motivaron su paralización.

Pese al acuerdo unánime, el debate plenario fue el escenario de las quejas del BNG, el grupo minoritario, por no poder acudir a la Cámara baja para reclamar el traspaso de la infraestructura. “La democracia no es aritmética”, clamó Ana Pontón, tras reivindicar a su grupo como “autor” de la normativa para reclamar una de las tres plazas disponibles.

No obstante, el resto de fuerzas políticas hicieron valer su número de escaños (la mayoría absoluta del PPdeG y los catorce tanto de PSdeG como de En Marea) para designar a los representantes que enviarán a Madrid en defensa del texto. A Fernández Prado lo acompañarán Antón Sánchez (En Marea) y Xoaquín Fernández Leiceaga (PSdeG), mientras que del Bloque no habrá representación.

Choque entre PSdeG y Bloque

Pero más allá de la cuestión numérica, Leiceaga aprovechó su intervención para censurar la “lamentable actuación” y el “victimismo fuera de lugar” del Bloque, en relación a las palabras de Pontón sobre la “pinza” de los otros grupos para “excluir” a los nacionalistas. “¿Les parece honesto y ético?”, llegó a preguntar.

“Pretender patrimonializar esta iniciativa es la mejor garantía de su fracaso”, respondió en el siguiente turno el dirigente socialista, convencido de que “lo único que importa” es que se apruebe la transferencia de la mencionada autopista y “no que alguien se ponga una medalla que no merece”. Por su parte, Antón Sánchez lamentó que el BNG no pueda intervenir en el Congreso debido a que solo se recibe a tres representantes de cada cámara autonómica. “Abierto a explorar posibilidades para aumentar la pluralidad”, lo que dejó claro es que “la segunda fuerza” en número de votos tiene que estar presente.

Fue un argumento similar al utilizado por Fernández Prado, quien alegó que “el grupo mayoritario debe estar representado”. Eso sí, aseguró a la portavoz del BNG que los argumentos de la Cámara gallega en defensa de la titularidad de la AP-9 serán “perfectamente” trasladados en las Cortes Generales.

Rebaja de peajes

Al margen de esta cuestión, el debate giró sobre las posibilidades de reducir los peajes de la AP-9, que Ana Pontón calificó de “escándalo” y “estafa”. De hecho, se preguntó por qué el Gobierno tiene 3.500 millones de euros para rescatar las radiales madrileñas pero “cero” para nuestra autopista, al tiempo que, mirando hacia PPdeG y PSdeG, les preguntó si en eso consiste la “solidaridad” interterritorial de la que hablan “los partido estatales”.