El abandono y la desatención de la nave del incendio mortal de Badalona (Barcelona), deteriorada durante doce años sin que ninguna administración interviniera, ha desatado reproches entre el ayuntamiento y la justicia, mientras los propietarios alegan que propusieron sin éxito un desalojo pactado.

Dos días después del virulento fuego, que se cobró la vida de tres personas y dejó más de una veintena de heridos, se desencadenó un cruce de acusaciones por la responsabilidad del inmueble, cuyas condiciones de salubridad eran prácticamente nulas y en el que malvivía más de un centenar de migrantes.

La polémica afloró cuando el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, deslizó las primeras críticas a sus predecesores en el cargo –Dolors Sabater, de Guanyem, y Álex Pastor, del PSC–, al afirmar que hasta el pasado mes de mayo, cuando él regresó a la alcaldía, no se había llevado a cabo “ninguna acción” para resolver el problema, ni por parte de la Guardia Urbana, ni los servicios sociales, urbanismo o salud pública del ayuntamiento.

Según explicó, el pasado octubre pidió al juzgado que autorizara la entrada municipal en la nave, cuyos propietarios nunca denunciaron la ocupación, para resolver problemas de convivencia y salubridad, pero no recibió respuesta.

De acuerdo con Albiol, ante la “negativa” de las personas que vivían en el edificio de dejar entrar a los servicios sociales, solicitó en una carta al juez decano de Badalona, Josep Maria Noales, que le permitiera el acceso al inmueble para “comprobar las condiciones de higiene, salubridad y de calidad de vida” de sus ocupantes, ello después de haber abierto un expediente urbanístico a la propiedad.

Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) precisó en un comunicado que la misiva de Albiol fue una “carta personal” con un carácter “extrajudicial”, ya que no se trataba ni de una denuncia ni de un escrito formal que permitiese la acción judicial “de acuerdo a las mínimas exigencias procesales que habilitarían la intervención de un juez”.

Por su parte, los propietarios de la nave salieron al paso y, en un comunicado indicaron que desistieron de denunciar la ocupación por “humanidad”, aunque finalmente iniciaron gestiones con el ayuntamiento para proponer un desalojo “pactado” del recinto.

Un total de dieciséis personas que vivían en la nave pasaron la noche en un albergue ofrecido por el Ayuntamiento.