Los municipios de la AP-9 buscan que Audasa pague el 100% del IBI

Los municipios de la AP-9 buscan que Audasa pague el 100% del IBI
Regidores y representantes de 15 ayuntamientos se reunieron en el aula multimedia de Abegondo

Los municipios de la provincia por los que transcurre la autopista AP-9 se reunieron ayer para iniciar conjuntamente una batalla contra Audasa y lograr que pague el 100% del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y no solamente el 5% que está abonando. Esto supondría el cobro de unos cinco millones en estos ayuntamientos.

Alcaldes y representantes de 15 de los 22 municipios afectados se reunieron ayer en Abegondo convocados por su regidor, José Antonio Santiso, para charlar sobre esta posible actuación y escuchar las ideas de un estudio de abogados experto en estos asuntos, que ya sacó adelante pleitos como el de Arteixo con las eléctricas, que se negaban a pagar por el uso de sus espacios públicos mediante canalizaciones y tendidos.

A la cita acudieron 15 ayuntamientos: Abegondo, Culleredo, Cambre, Oleiros, Betanzos, Ordes, Oroso, Ames, Teo, Ferrol, Cabanas, Pontedeume, Paderne, Bergondo y Miño. Por su parte, no pudieron asistir A Coruña, Santiago, Fene, Narón, Mesía, Padrón y Neda. El encuentro sirvió como primera toma de contacto entre las localidades para iniciar una estrategia unificada. José Crespo, exalcalde de Lalín, acudió a la reunión en calidad de presidente de la Comisión de Fomento en el Senado para apoyar la iniciativa.
“É de xustiza e absolutamente razoable que non haxa exencións no IBI para este tipo de concesións”, expresó Santiso, quien recordó que esta exención del 95% del IBI a la que se acoge Audasa, empresa concesionaria, fue “una bonificación fiscal aprobada en la Ley 8/1972, aún en la dictadura, que seguirá vigente hasta 2023”.

Características especiales
Desde el 2002, las autopistas de peaje son consideradas por ley Bienes Inmuebles de Características Especiales (Bices), explican desde Abegondo. No obstante, la exención perdura, y el consulting defiende que no puede existir una norma jurídica como esta, “que contravenga los principios de los Tratados de la Unión Europea, tal y como ocurre con el principio de Autonomía Local”. “Desde 1990, las nuevas concesiones no gozan de este beneficio fiscal”, dicen.

La consultora calcula que, en conjunto de los municipios de la provincia, son más de 5 millones de euros al año lo que deberían percibir, cuantía de la que ahora sólo reciben el mencionado 5%. En el caso de Abegondo, por ejemplo, serían 595.000 euros al año frente a los 29.771,04 euros que percibe actualmente. Este ayuntamiento es uno de los más afectados, dicen, al albergar 20 kilómetros de calzada, peajes y otras dependencias. l

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