11º-16º
lunes | 6 mayo | 2024
El director xeral de Política Financiera, Manuel Galdo, defendió ayer en comisión parlamentaria que no se apure el plazo acordado con la UE para la venta de Novagalicia, porque al final del período se vendería peor.
En este sentido se manifestó Galdo, tras ser preguntado por la diputada de AGE Yolanda Díaz sobre las medidas previstas por la Xunta ante el Gobierno central para paralizar la venta de la entidad, y a la que resaltó que el proceso no puede paralizarse porque no se inició.
una gran estafa
Díaz denunció el “silencio de la Xunta” ante lo que calificó de “una gran estafa” que se cometerá con la “connivencia” del Gobierno gallego y criticó el proceso de fusión de las cajas, cuando no había ningún informe que lo avalase, había opiniones de economistas de que era un camino equivocado y existían advertencias del Banco de España sobre la situación de las entidadess.
Subrayó que se han inyectado al banco 9.000 millones de dinero público (“más que el presupuesto de Galicia”), a los que sumó otros 4.500 en beneficios fiscales y el dinero de los preferentistas, hasta más de 15.000 millones que supondrán –dijo– la socialización de pérdidas para el beneficio privado.
La viceportavoz de AGE insistió en que Novagalicia se va a vender “a precio de saldo” y preguntó el porqué de las prisas para hacerlo y no transformarlo en una banca pública, como hay en otros países europeos y Estados Unidos.
Por su parte, Manuel Galdo recordó que desde 2009 se había reducido en un 75% el número de entidades y aseguró que con otra actitud de la Xunta ahora no se podría hablar de la venta del banco, porque no existiría.
beneficio privado
De la socialización de pérdidas en beneficio privado, subrayó que en la reestructuración bancaria no se están salvando entidades, sino a los depositantes, pues no reciben cantidades a fondo perdido, sino recapitalización, y enfatizó que la alternativa de no hacer nada supondría la liquidación y pérdidas muy importantes para los depositantes y una pérdida “brutal” de empleo y de confianza en la economía.
La necesidad de 9.000 millones de recapitalización fue justificada por el director general por los errores de gestión de unas cajas que dejaron de serlo en 2005 y un gran porcentaje de crédito concedido inasumible, así como también errores en el modelo de supervisión.
También señaló que la normativa de 2011 aceleró los acuerdos de Basilea de siete años a siete meses y elevó el capital principal del 2,5 al 10%, en un momento de poca confianza de los inversores, que obligó a acudir a la UE.
Sobre el proceso de privatización, recordó que es competitivo y transparente y, del momento en que se llevará a cabo, sostuvo que esperar al último momento llevaría a los inversores a rebajar sus ofertas ante la necesidad perentoria vender sin sobrepasar los plazos.
Manuel Galdo señaló que es nieto de comerciantes y dijo saber bien que vender apurado es vender peor.
También defendió la venta para normalizar la situación del accionariado, ya que no es lógico que pertenezcan a él sus entidades competidoras, a través del fondo de garantía de depósitos, y por intentar minimizar el coste a las arcas públicas.
Resaltó que el caso de Novagalicia será el primero en que esto ocurra desde el inicio del proceso de reestructuración.
Sobre la posibilidad de su transformación en una banca pública, apuntó que se trata de una exigencia de Bruselas y que tendría una calificación tan débil que le sería muy difícil financiarse en el mercado, por lo que precisaría de avales públicos que se considerarían ayudas estatales.
Finalmente, opinó que el análisis de riesgos no sería aséptico, sino que se condicionaría por asuntos políticos o sociales, lo que llevaría a la entidad a ser “un chiringuito ineficiente”.
