La directora de la Axencia Tributaria de Galicia (Atriga), María Victoria González, destaca que se obtuvieron 6,9 euros por cada euro invertido el pasado año en actuaciones de lucha contra el fraude fiscal, de modo que afloraron 141 millones de euros de deuda no declarada por los contribuyentes.

Lo resaltó en su comparecencia en comisión parlamentaria, en la que explicó que el organismo que lidera comprobó en 2016 más de 280.000 autoliquidaciones del impuesto de transmisiones patrimoniales y del impuesto sobre sucesiones y donaciones, pues ambos concentran la mayor parte de los ingresos tributarios que gestiona la Xunta.

Liquidaciones

Asimismo, indicó que, fruto de este aumento del 6% en esas comprobaciones, se practicaron casi 23.000 liquidaciones correctas. Así, del impuesto sobre transmisiones patrimoniales se recaudaron 24,3 millones de euros adicionales y 74,6 millones de euros en el de sucesiones y donaciones.

A esos 98,2 millones de euros sumó otros 36,3 procedentes de casi 600 actas de inspección sobre los grandes patrimonios, en los que se triplicaron las actuaciones realizadas: de 39 en 2015 a 105 el pasado año. Con estas cifras, hizo valer la “eficiencia” de su departamento, que logró aflorar más de 400.000 euros por cada empleado.

Tras este “balance positivo” que realizó María Victoria González de la labor de la Atriga durante el año 2016, tanto Noa Presas (BNG) como Begoña Rodríguez Rumbo (PSdeG) y Antón Sánchez (En Marea) hicieron hincapié en la importancia de combatir el fraude fiscal y, particularmente, en los casos de tramas complejas.

Por su parte, el representante del PPdeG en el debate, José González, resaltó que “la buena gestión” que está llevando a cabo la Xunta también en el ámbito fiscal es lo que ha permitido reducir los impuestos.

En concreto, sobre los impuestos, la directora de la Atriga apuntó que casi 62.800 gallegos recibieron una herencia el pasado año y no pagaron el impuesto sobre sucesiones como consecuencia de la rebaja fiscal aprobada por el Gobierno gallego.

El impacto de esa bajada (y del impuesto sobre transmisiones patrimoniales) alcanzó los 41 millones de euros en 2016, una cifra que aumentará este año.