Lejos de mostrarse intimidados por las advertencias del regidor local de emprender acciones “civiles y penales” contra la Plataforma na Defensa dos Servizos Públicos y los firmantes de la denuncia por estafa y prevaricación presentada el pasado 19 de marzo en los Juzgados ferrolanos, la Plataforma ha vuelto al registro del edificio judicial de la calle Coruña para presentar un escrito con una serie de correcciones de la denuncia anterior y una ampliación de la documentación. Asimismo, añaden algunas cuestiones como la solicitud de depuración de responsabilidades –que ya demandaban– pero sugiriendo que la información pertinente se solicite o bien a los Concellos de Ferrol, Narón y a Augas de Galicia, o bien, como novedad, “tomando declaración á alcaldesa de Narón, ao alcalde de Ferrol e ao director de Augas de Galicia.

La Plataforma remite las correcciones al Juzgado número 2, que es al que se asignado el caso como juzgado de instrucción, aunque este podría remitir el procedimiento a otro.

Los apuntes aportados este pasado viernes se reafirman en la denuncia por presuntos delitos de estafa y prevaricación y presentan matizaciones en cuanto a la gestión de Emafesa, señalando que “está xestionada ao 100% pola parte privada Socamex” o correcciones como errores en el nombre de alguna empresa –cambiando Audisa por Eudita–.

Apoyo al regidor y su grupo
Desde la coordinadora de Ferrol en Común, partido al que pertenece el regidor, Jorge Suárez, se ha hecho público su apoyo al grupo de gobierno en las acciones legales que determinen tomar ante las acusaciones, que califica de “falaces e con ánimo de destrucción e non de colaboración e preocupación polos intereses da cidade” que, a su juicio, se han vertido desde la Plataforma na Defensa dos Servizos Públicos.

Ferrol en Común hace un repaso por el procedimiento seguido en el Concello y recuerda que el gobierno adjudicó un estudio sobre los costes del sistema de depuración para calcular la tasa lo más ajustada posible, además de avanzar en la formulación del expediente para determinar cómo revertir el cobro indebido de 800.000 euros que se produjo desde 2014 a 2015 “por un servizo que Ferrol en Común demostrou que non existía”.