El Gobierno confía en que la demora del informe de la Abogacía del Estado sobre la situación judicial del líder de ERC, Oriol Junqueras, no afecte a las negociaciones con los republicanos para la investidura de Pedro Sánchez que, salvo sorpresa mayúscula, no podrá ser antes de fin de año.

En círculos políticos se esperaba que el escrito de la Abogacía se conociera a principios de esta semana, pero lo cierto es que los servicios jurídicos del Estado tienen de plazo hasta el 2 de enero para presentar sus alegaciones a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TSJE) que dictaminó que Junqueras gozaba de inmunidad cuando fue elegido eurodiputado.

La única voz del Gobierno que se escuchó ayer fue la de la ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, que desvinculó el supuesto retraso en conocerse el informe de la Abogacía de cuestiones de carácter político.

“Los procedimientos judiciales no tienen nada que ver con los procedimientos políticos”, dijo.

Además, Robles se mostró convencida de que los dirigentes de ERC, que pidieron un gesto a la Abogacía en favor de Junqueras para facilitar la investidura de Sánchez, entenderán que la Justicia tiene “sus propios ritmos”.

En cualquier caso, la ministra remachó que la responsabilidad de que todavía no haya Gobierno no solo es del Gobierno sino también “de toda la oposición” y, en especial, de los partidos de la derecha que, ha denunciado, dicen estar preocupados por España pero solo están preocupados en criticar a Pedro Sánchez.

Seguridad y tranquilidad

“Lo importante es que todo el mundo tenga la seguridad y la tranquilidad de que el presidente Sánchez y el PSOE sí estamos pensando en España”, destacó.

Al margen de la negociación con ERC, que se mantiene de forma discreta, la dirección del grupo socialista mantuvo durante estos últimos días una interlocución constante con los grupos minoritarios del Congreso.

Fuentes parlamentarias confirmaron la existencia de estos contactos permanentes, que se producen por teléfono y por correo electrónico con intercambio de documentación sobre reivindicaciones autonómicas, regionales o locales.

Y es que con independencia de que el debate de investidura arranque la semana que viene o ya después del día de reyes, el PSOE pretende garantizarse una horquilla de síes a Sánchez que evite sorpresas en la votación.

Una de las prioridades se orientó al PNV, que aún no ha decidido su voto, y también con Compromís, que ya anunció que su “sí” a Sánchez se encuentra más cerca que hace unos días tras lograr varias cesiones.

El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, espera que se constituya “cuanto antes” el Gobierno central para poder hacer frente a los desafíos pendientes, entre los que ha citado el calendario de transferencias a Euskadi.

Desde el PP, la vicesecretaria de Política Social, Cuca Gamarra, alertó de que cuanto más se debilita el presidente en funciones más se “envalentonan quienes quieren romper España”.

La dirigente popular criticó que Sánchez no haya salido a “reconvenir” a los independentistas ni haya comentado siquiera con un tuit el discurso del rey en Nochebuena, que ha tildado de “brillante, contundente y con rigor”.

“Nos parece indecente que se ponga de rodillas a un país para conseguir un gobierno a cualquier precio y a toda costa”, ha lamentado.

Críticas también del vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, de Cs, que calificó de “tremendo” que un candidato “irresponsable” a presidir el Gobierno “ponga la gobernabilidad” de España “en manos de unos delincuentes” y de personas que “están en prisión por delitos tan graves”.

Así las cosas, todo parece indicar que el “impasse” en el que están desde el fin de semana las negociaciones del PSOE y con ERC para lograr su abstención en la investidura continuará esta semana.

El pasado lunes, la Mesa del Congreso autorizó la celebración de un eventual Pleno durante el último fin de semana del año, en previsión de que un posible acuerdo permitiera convocar el debate de investidura los días 27 y 28, con la segunda votación el 30.

El Reglamento del Congreso no contempla ningún plazo para la convocatoria del debate de investidura, que es facultad exclusiva de la presidenta de la Cámara, pero por logística y a tenor de los precedentes, este tendría que fijarse entre 24 y 48 horas antes de su inicio para garantizar que todas sus señorías, especialmente las que viajan desde Canarias y Baleares, lleguen a tiempo.