A pesar de que las citas se habían fijado con una diferencia horaria de veinte minutos, la amplitud de las declaraciones de los cuatro testigos que ayer fueron interrogados en el marco de la denominada Operación “Torre” por supuestas contrataciones de obras menores a dedo en el Concello de Ferrol durante el anterior mandato socialista propició que los interrogatorios se prolongaran hasta pasadas las cinco de la tarde.
En la toma de declaraciones participaron el juez instructor, Alejandro Morán Llordén, y algunos de los abogados de los imputados, que son los aparejadores municipales Mar Piñeiro y David Couselo; los concejales de Urbanismo y Obras en la etapa de gobierno socialista, Ángel Mato y Gerardo López Castrillón, respectivamente; el exinterventor Manuel Vázquez; y el actual interventor, Vicente Calvo del Castillo, y los gerentes de las empresas Albanese y Sanmartín, María Dolores Fernández Rico, y Guillermo Sanmartín. Como ya se informó en su momento, se les imputan supuestos delitos de falsesad documental, prevaricación, malversación y tráfico de influencias.
En la jornada de ayer declararon en calidad de testigos el secretario general del Ayuntamiento, Leopoldo Moure, y el viceinterventor, Leopoldo Moure Dopico, quienes explicaron detalladamente y por espacio de varias horas el método utilizado para la contratación de obras. Según la información recogida al respecto por este diario, existen bastantes discrepancias entre las versiones de estos y las de los imputados en lo relativo a la tramitación por parte de la Oficina Presupuestaria, aunque todos ellos coinciden en que los interventores no fiscalizan ni pagan.
En este sentido, el abogado Ulises Bértolo, que representa al exinterventor, manifestó que se había acreditado que su defendido no tenía capacidad ni conocimiento sobre el fraccionamiento de contratos, de ahí que tenga previsto solicitar el sobreseimiento libre respecto a Manuel Vázquez.
Por lo que atañe a Albanese, a la que también representa, Ulises Bértolo explicó que a pesar de que las facturas no figurasen con demasiada concrección los trabajos, sí aparecen perfectamente detallados en los vales y en los pedidos.
Los interrogatorios prosiguieron con las declaraciones del exalcalde, Vicente Irisarri, y el que en esa etapa fue concejal de Hacienda, Ramón Veloso. Al parecer, el primero habló de temas genéricos sobre el funcionamiento del Concello, asegurando que nunca había tratado nada con los aparejadores imputados ni con las empresas. Respecto a estas últimas, negó que Albanese fuese la firma de referencia para obras municipales.
Por su parte, Veloso fue más explícito y defendió el funcionamiento y la eficiencia de la Oficina Presupuestaria y la Unidad de Contratación implatadas en ese mandato. Según dijo, era un modelo que él, como economista del Sergas, trasplantó al Concello, siguiendo el método de la Administración autonómica.
