Los emigrantes retornados muestran su rabia por las multas de Hacienda

Los emigrantes retornados muestran su rabia por las multas de Hacienda
16 octubre 2013 página 27 SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15/10/2013.- Miembros de la Coordinadora Nacional Gallega de Emigrantes Retornados durante la manifestación que han llevado a cabo hoy ante el Parlamento, para protestar por una medida que le

Una plataforma asociativa de emigrantes retornados gallegas organizó ayer concentraciones ante delegaciones de la Agencia Tributaria de dieciséis ayuntamientos de la comunidad para denunciar las reclamaciones de impuestos, demoras y sanciones a emigrantes retornados beneficiarios de pensiones extranjeras, según informó el sindicato CIG.
Los participantes reclamaron la revocación de los expedientes sancionadores y la modificación de la Ley Tributaria para garantizar la igualdad en el trato.
Según CIG, estas movilizaciones son el comienzo de una campaña de para exponer la situación a que se enfrentan esos pensionistas, que denuncian que el Gobierno “está metiendo mano” en todas las cajas con “nocturnidad y alevosía”.

reclamaciones
Las autoridades fiscales les exigen el pago de las contribuciones pendientes desde el año 2008 del impuesto sobre la renta correspondiente, incrementado con los intereses y sanciones correspondientes a la demora.
Una treintena de jubilados, acompañados por miembros de la Ejecutiva del BNG, corearon consignas en Santiago para denunciar su situación y contra los gobiernos central y autonómico.
Los dirigentes nacionalistas se sumaron a la concentración para reclamar que se cancelen los expedientes abiertos y que “desde este momento” se apliquen los tratamientos fiscales correspondientes, como apuntó Vence.
Manuel Domínguez, uno de los coordinadores de la plataforma, explicó que, en contra de la medida actual que les obliga a tributar, el colectivo emigrante fue informado de lo contrario.
“Siempre se nos dijo que no teníamos que declararlas”, destacó Domínguez, y calificó esta medida de “ilegal”.
Añadió que esta sanción supone una “discriminación” respecto a los jubilados que han trabajado en España, que deben tributar a partir de los 22.000 euros anuales, mientras que los emigrantes retornados deberán hacerlo a partir de 11.200 euros.
Domínguez indicó que no quiere que se malinterpreten las peticiones del colectivo, que su pretensión no es “no declarar” sus pensiones pero exigen “información y transparencia” para hacerlo, y no de esta forma.

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