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sábado | 20 abril | 2024
El radón es un elemento radiactivo que puede llegar a resultar perjudicial para la salud.
La conveniencia de descartar cualquier posible presencia del gas en los edificios públicos de Narón ha llevado al gobierno municipal a cerrar un acuerdo con la Fundación Universidade da Coruña para contar con la ayuda de los mejores expertos en el tema. Éstos serán los del Laboratorio de Radioactividade Ambiental adscrito al Departamento de Química Analítica. Así, el grupo de investigadores liderado por Manuel Castro Romero y José Luis Calvo Rolle y formado por Alberto Otero, Alfonso Calleja, Sonia Casal, Carmen Meizoso, Benigno Antón e Isabel Fernández se pondrán al frente del estudio en el que estarán bajo sospecha los edificios del Ayuntamiento, el auditorio, el Pazo da Cultura y la biblioteca.
El Concello y la Fundación de la
UDC han suscrito
un acuerdo marco
de colaboración
Los responsables municipales prevén que la experiencia pueda comenzar a materializarse en los primeros días del próximo mes de febrero, si bien los resultados del informe no se conocerán de forma inmediata.
El proyecto implica la instalación de un sistema de lectura en el interior de los cuatro inmuebles ya citados para garantizar la recogida de los datos que posteriormente serán analizados por los expertos, que también se encargarán de establecer las pautas a seguir en el caso de que los resultados no fuesen los deseados.
La realización de este primer informe sobre el radón también representa el punto de partida de una colaboración que el Concello de Narón prevé trasladar a otros campos.
Esta intención también ha quedado reflejada en un documento en el que, en cuestión de días, figurarán las firmas de José Luis Bugallo Tobio, como director gerente de la Fundación de la Universidade da Coruña, y de Xosé Manuel Blanco Suárez, en calidad de alcalde presidente de la corporación municipal de Narón.
El convenio no implica, en un principio, gasto alguno para las arcas municipales, si bien el Concello tendrá que hacer frente a la inversión que pueda desprenderse de cada uno de los informes que se soliciten.
El acuerdo tendrá una vigencia inicial de cuatro años, período que será automáticamente prorrogable en el caso de que algunas de las partes manifieste la contrario. De ser así, la decisión debe ser notificada con tres meses de antelación.
