El personal de Concello denuncia la desatención que sufre del gobierno

Desde primavera no se ha vuelto a convocar ninguna mesa de negociación entre el Concello y los órganos representativos de los trabajadores –Xunta de Persoal y Comité de Empresa–, pese a que la celebración de estos encuentros tendría que ser mensual. Tampoco ha habido reuniones del comité de seguridad y salud, con periodicidad trimestral. Las reclamaciones de los trabajadores, que, en muchos casos, no son más que la petición de cumplimiento de sentencias judiciales o de acuerdos ya establecidos, continúan por tanto en el cajón del área de Personal, que dirige el alcalde, Jorge Súarez.
Desde la Xunta de Personal se considera la situación como insostenible y, si bien son conscientes de las dificultades que puede tener un gobierno de tan solo ocho concejales, consideran que esta excusa no sirve de justificación para asuntos para los que el gobierno no muestra interés en que salgan adelante. La escasez de personal no es tampoco un motivo válido para la inactividad, indican los sindicatos, ya que “foi o goberno o que nos capitaneou ata esta situación”.
La Xunta de Personal critica al ejecutivo que se presentó como “activista” y que apoya reivindicaciones de todos los colectivos dependientes de otras administraciones cuando “coas súas traballadoras e traballadores non cumpre nin os acordos que alcanza, nin as sentenzas dos tribunais”.
Los trabajadores se refieren, entre otras cuestiones, a la recuperación de derechos y a la aplicación de acuerdos que ya se iniciaron en el resto de las administraciones, como las jornadas de 35 horas, los descuentos salariales por bajas por enfermedad, etc. En este sentido, como explica Javier Sandá, presidente de la Xunta de Persoal, a principios de año se acordaron estas cuestiones, que todavía no han sido llevadas a efecto.
Ante la falta de mejoras en el colectivo, la Xunta de Personal se reunirá a principios de septiembre para analizar qué medidas se van a tomar, porque los problemas continúan “y no se van de vacaciones”, explica Sandá. Los trabajadores no descartan volver a recurrir al Juzgado para exigir al ejecutivo local el cumplimiento de los derechos que les corresponden. l