Navantia ve “difícil” construirlo, pero dice que ahora “sí hay carga de trabajo”

Fuentes de Navantia manifestaron ayer que la operación de construcción del dique flotante “difícilmente podría llevarse a cabo sin incurrir en una ayuda pública o financiación privilegiada, contrarias a Derecho Comunitario”.
Los servicios jurídicos de la compañía pública, tras analizar la respuesta de la Dirección General de la Competencia, señalan que si el proyecto recibiese algún tipo de ayuda estatal, Navantia sería considerada la beneficiaria de las ayudas y que si la financiación pública del proyecto se concediera en condiciones “no de mercado”, el riesgo de que dicha financiación se considere ayuda de Estado “sería muy elevado”. Además, subrayan que la compatibilidad eventual de todo apoyo público potencial está supeditada al respeto de los techos de ayuda regional a la inversión fijados por la Comisión para grandes empresas –el 15%–, un límite “muy inferior” a la intensidad de ayuda necesaria para hacer viable el proyecto.
En cualquier caso, esas mismas fuentes de Navantia destacan que la existencia de ayudas “constituye un factor de potencial distorsión de la competencia” en un sector abierto a la misma como es el de las reparaciones navales. Con todo, desde la compañía se apunta que “afortunadamente en la actualidad sí hay carga de trabajo” en Navantia Ferrol, “no como ocurría cuando se realizó la consulta”. n redacción