Una sentencia anula el traslado de una funcionaria del cuerpo de auxilio judicial a otro puesto

El sindicato SPJ-USO acaba de recibir una sentencia favorable declarando nula la decisión de la Dirección Xeral de Xustiza de sustituir a los funcionarios del cuerpo de auxilio por compañeros de otros juzgados de diferente clase.
La sentencia, dictada por el Contencioso-Administrativo de Ferrol, estima íntegramente la demanda anulando y dejando sin efecto la atribución de funciones acordada para enviar a una funcionaria destinada en un juzgado de lo Penal para atender la sala de uno de Instrucción.

La resolución –explica el sindicato– “acoge punto por punto la totalidad del recurso, declarando que, allí donde no está implantada la nueva oficina judicial, el centro de trabajo serán los juzgados de la misma clase de cada localidad, y por tanto, no cabe atribuir funciones de auxilio judicial en juzgados de otra clase”.

La sentencia limita las posibilidades de cubrir las ausencias de los auxilios judiciales con funcionarios de otros juzgados, lo cual, cree el sindicato, les da la razón en su reivindicación de dotar al servicio común del partido judicial de Ferrol con uno de estos funcionarios. “Ferrol es la única ciudad de Galicia donde no existe este auxilio judicial de apoyo”, recuerdan desde el sindicato.

Esta demanda, insisten, se hace más necesaria si cabe “con la previsión de crear un nuevo juzgado de primera instancia en el partido, que previsiblemente se dotará de un solo auxilio judicial”, señalan desde SPJ-USO.

Los representantes de los funcionarios creen que esta carencia de personal es una “muestra más de la marginación que sufren los juzgados ferrolanos y que provoca que los trabajadores tengan de dejar de lado sus funciones para atender los asuntos de otros cuerpos judiciales”.

“Si no atendiésemos videoconferencias o asistiésemos a salas de vistas se generaría una atención y unos retrasos que repercutirían directamente en la calidad de la justicia que aquí se presta”.

Por ello, tras esta sentencia favorable, exigen a la Dirección Xeral de Xustiza que acceda a estas pretensiones.