La justicia europea vuelve a declarar legales las ayudas al naval español

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El Tribunal General de la Unión Europea anuló ayer la decisión de la Comisión Europea de declarar ilegal el sistema español de bonificaciones fiscales (“tax lease”) para los inversores en astilleros y que obligaba a España a recuperar estos apoyos.

En su sentencia, el tribunal estima que la conclusión a la que llegó el Ejecutivo comunitario, de que las medidas podían “falsear la competencia y afectaban a los intercambios comerciales” entre Estados miembros, “no está suficientemente motivada”.

El caso se remonta a 2013, cuando el entonces comisario de Competencia, Joaquín Almunia, pidió a las autoridades españolas recuperar las ayudas ilegales concedidas a los astilleros bajo este sistema entre 2007 y 2011, tras concluir que el régimen de ayudas vulnera las normas de la UE en materia de ayudas públicas porque concedió una ventaja selectiva a sus beneficiarios con respecto a sus competidores.

Financiación bonificada

El sistema denunciado por el Ejecutivo comunitario permitía financiar, mediante una estructura jurídica y financiera específica, la construcción de buques marítimos por los astilleros y su adquisición por las empresas navieras con un descuento sobre el precio del buque. Para ello, intervenían como intermediarios una sociedad de leasing y una agrupación de interés económico (AIE).El Ejecutivo comunitario estableció entonces que las subvenciones deberían devolverlas los inversores que financiaron la construcción de los buques, pero no los armadores ni los propios astilleros.

Este sistema se puso en marcha en 2002, aunque Bruselas ha propuesto que se recuperen los apoyos concedidos desde abril de 2007, frente a la posición del Gobierno, que aboga por contar desde 2011, fecha en la que se consideró ilegal el régimen de bonificaciones.

El Gobierno español y las sociedades Lico Leasing y Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión recurrieron la decisión de Bruselas ante la justicia europea y solicitaron su anulación. 

La sentencia de ayer resuelve los primeros dos recursos de los más de 60 presentados por las sociedades afectadas y que aún están pendientes de resolución, incluidos los presentados por entidades como Bankia o el grupo Inditex.

 La Comisión Europea, por su parte, está examinando el fallo para decidir los pasos a seguir, incluida la posibilidad de recurso. “La Comisión va a proceder a examinar la sentencia así como sus potenciales implicaciones”, indicó la portavoz comunitaria Lucía Caudet, que no quiso dar un plazo exacto del tiempo que podría llevar dicho análisis.

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