VOX ha publicado este jueves en su página web sus propuestas económicas que inciden en reducir el gasto superfluo del sector público y en bajar los impuestos directos (IRPF y Sociedades).

En su programa propone un "ambicioso plan de ajuste presupuestario" que haga frente a una desaceleración económica que -en su opinión- podría desembocar en una recesión a partir del segundo semestre de 2020.

Propone un ajuste de 24.236 millones de euros que sería compensado por un aumento de ingresos del 0,5 % (5.000 millones de euros) del producto interior bruto (PIB) para 2019 y del 0,3 % del PIB (3.000 millones) para 2020, aunque en este sentido no detalla cómo hacerlo.

El recorte de 24.236 millones procedería de recorte del gasto del Estado, de organismos autónomos y de la Seguridad Social de 16.236 millones y otros 8.000 millones de las comunidades autónomas (CCAA) y de los ayuntamientos.

Entre otras medidas, VOX eliminaría altos cargos y empleo no funcionarial, restablecería la tasa de reposición a un nivel no superior al 50 % (excluyendo a funcionarios de prisiones y efectivos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y Defensa) y eliminaría las ayudas a partidos políticos, organizaciones patronales y sindicales.

También reduciría en 8.000 millones los fondos a cargo de la financiación autonómica y local, y congelaría las nuevas inversiones o proyectos estratégicos.

En su programa señala que si gobernara elaboraría un proyecto de Ley Orgánica que obligara a todas las CCAA y entidades locales a cerrar anualmente sus ejercicios presupuestarios en equilibrio y les impediría emitir deuda.

VOX cree que la contribución del Estado vía gasto e impuestos no debe ser superior al 35 % del PIB y tras calificar el modelo autonómico de "corrupto y derrochador", afirma que sólo debería existir una agenda social del sector publico hacia aquellos "con mayor riesgo de infortunio".

En el ámbito laboral, haría una "profunda y amplia reforma" en la que unificaría la indemnización por despido para todos los contratos a 20 días hasta un máximo de 12 meses y en la que los convenios de empresa estarían por encima de los nacionales, sectoriales y territoriales.

Propone que empresarios y trabajadores puedan pactar de forma individual los contratos y acordar la remuneración y las condiciones de trabajo, así como eliminar las cláusulas de ultraactividad y establecer un salario de inserción para el primer empleo de menores de 24 años.

En torno a las pensiones aboga por un modelo mixto de capitalización, al 50 %, con cuentas individuales en las que el trabajador "ahorraría" la mitad de su salario y el Estado contribuiría con la otra mitad.

Los menores de 25 años tendrían la obligación de acogerse al nuevo sistema mixto, los de entre 25 y 45 años podrían elegir y los mayores de 45 años continuarían dentro del actual sistema de pensiones.