El Santander ha logrado cubrir la mayor parte de las 1.100 salidas previstas en su Expediente de Regulación de Empleo (ERE) con adscripciones voluntarias y solamente deberá acometer veinte despidos forzosos, según fuentes cercanas a la negociación.
De estas veinte salidas forzosas, la mayoría, once, corresponderán al Popular y nueve, al Santander. De estas últimas, cuatro serán del Santander España y cinco, del centro corporativo.
La entidad pondrá en marcha un ERE en el marco de la integración de sus servicios centrales con los del Popular tras la adquisición del banco el pasado mes de junio. Los trabajadores de ambas entidades tuvieron de plazo hasta el pasado 31 de enero para presentar su solicitud de adhesión voluntaria al ERE.
El expediente colectivo, cuya negociación finalizó el pasado mes de diciembre, implica la salida de 1.100 empleados, el 3,1 por ciento de la plantilla conjunta del Popular y la división española del Santander, que asciende a unos 35.000 trabajadores.
La integración de los servicios centrales también incluye la recolocación de 597 empleados en otras empresas del Grupo Santander y el acoplamiento de otros 100 trabajadores en la red comercial de ambas entidades.

Así, sumando salidas y recolocaciones, la integración supondrá aligerar en un 25 por ciento, aproximadamente, la plantilla de los servicios centrales del Popular y el Santander España, que comenzará a trasladarse al nuevo edificio del Popular, ubicado en la calle Juan Ignacio Luca de Tena de Madrid, a partir de marzo.
La mayor parte de las salidas corresponderán al Popular, que verá su plantilla reducida en 769 personas, mientras que los 331 trabajadores restantes serán del Santander –218 del Santander España y 113 del centro corporativo–. El 62,4 por ciento serán hombres y el 37,6%, mujeres y, por edades, 20 serán mayores de 62 años, 672 saldrán con prejubilaciones –378 mayores de 55 años y 294 de más de 50 años–.

Sanciones
Por otro lado, el Santander considera que las autoridades públicas no pueden imponer sanciones contra la entidad por las acciones u omisiones acometidas por el Popular antes de su resolución al tratarse de una entidad diferente a la intervenida por las autoridades comunitarias.
Así se desprende de las alegaciones del banco cántabro a un expediente sancionador abierto por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por el que el supervisor podría sancionar al Popular con hasta un millón de euros por no informar de forma clara en los ejercicios 2013, 2014 y 2015 de la indemnización en forma de pensión que recibirían tras su cese, y hasta la edad legal de jubilación, los consejeros ejecutivos de la entidad.
“El ‘nuevo’ Popular no puede ser sancionado por las autoridades públicas por las acciones u omisiones del ‘antiguo’ Popular”, asegura el Santander.