El Gobierno gallego aprobó ayer su plan de inspección laboral para 2019, que llevará a cabo un mínimo de 34.800 actuaciones –un 3% más que en 2018– y dará “especial atención” al control de las horas extra y los falsos autónomos, así como al sector de la hostelería y al “seguimiento de la igualdad efectiva” entre hombres y mujeres en el trabajo.

De ello informó el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien fue el encargado de presidir la reunión semanal del Ejecutivo autonómico en ausencia de su titular, Alberto Núñez Feijóo, que se encuentra de viaje institucional en Estados Unidos.
Así, en la comparecencia posterior al Consello, Rueda expresó que la hoja de ruta a seguir, que será “en coordinación” con el Estado, tendrá la “prioridad de proteger” a los trabajadores y “corregir prácticas irregulares” en las contrataciones.

El número dos de la Xunta desglosó que las actuaciones bajo este plan incidirán en cuatro aspectos: la “prevención de riesgos” (un total de 7.761), las relaciones laborales (7.763), la “persecución de la economía irregular” (10.713) y el control de las cotizaciones a la Seguridad Social (7.738). “Es un plan ambicioso que se enmarca en la obligación de toda administración para detectar y corregir prácticas irregulares”, reivindicó.

En cuanto a la prevención de riesgos laborales, están previstas un 9% más de actuaciones que en 2018 para contribuir a reducir la siniestralidad laboral. Este año, como novedad, se pondrá en marcha una campaña específica a trastornos musculoesqueléticos en camareros y se adaptarán puestos de trabajo a mujeres embarazadas.

En materia de relaciones laborales, las inspecciones aumentarán un 9%, vigilando fraudes en la contratación, la subcontratación y la cesión ilegal de trabajadores. Asimismo, Rueda indicó que “se reforzará” en un 6% el control de las horas extra y las condiciones de trabajo en hostelería.

Seguridad Social
Asimismo, el vicepresidente de la Xunta explicó que, en las actuaciones referentes a la Seguridad Social, se hará hincapié en los falsos autónomos, se vigilará “que las empresas estén contratando por los salarios efectivamente percibidos” y se incrementará el control sobre las personas que trabajan y, al mismo tiempo, cobran la prestación por desempleo. En cuanto al seguimiento de la igualdad entre hombres y mujeres, se harán campañas para luchar contra la discriminación de acceso al empleo y contra el acoso sexual, mientras que se observará el ejercicio al derecho de la conciliación de la vida familiar y laboral.

Además, Rueda hizo balance de la campaña de inspección de 2018, que de acuerdo con sus cifras permitió transformar en indefinidos unos 7.900 contratos, aflorar más de 5.000 empleos de economía sumergida y corregir 1.700 casos de falsos autónomos. De forma paralela a este plan, la Xunta desarrolla uno específico para la lucha contra el fraude en las empresas y que permitió, durante los nueve primeros meses de 2018, llevar a cabo 3.600 regularizaciones, la mayor parte de ellas en el comercio.