La Cámara ya estaba en quiebra técnica en 2011, según el Consello de Contas

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El informe de fiscalización de los ejercicios de 2010 y 2011 de la Cámara de Comercio de Ferrol –que el Consello de Contas acaba de entregar al Parlamento gallego y que se corresponde con el último período del mandato de Francisco Cruz (hasta junio de 2010) y con el de Xoán Gato– pone de manifiesto que ya en aquellos momentos la situación financiera y patrimonial del organismo, ahora en proceso de disolución, era “muy negativa”.
El trabajo se realizó a raíz de los cambios introducidos en el modelo cameral y el abandono de la adscripción forzosa de empresas, que repercutió singularmente en los ingresos de la Cámara de Comercio. Según el informe de fiscalización, casi el 90% de los recursos con los que se financiaba en los ejercicios de 2010 y 2011 eran públicos, los procedentes de las cuotas a las que por ley estaban obligadas las empresas y las subvenciones.
En este contexto de desaparición de la cuota cameral, el estudio incide en la “incapacidad” de la entidad para generar ingresos que le permitiesen financiar su estructura de gasto y seguir desarrollando sus funciones.
El informe analiza la solvencia a corto plazo de la Cámara y determina que el fondo de maniobra –que muestra la capacidad del activo corriente para hacer frente al pasivo corriente– era negativo y ascendía, a principios de 2012, a -1.787.647 euros. A largo plazo se pone de manifiesto el elevado endeudamiento, lo que supone “una situación de quiebra técnica, con un pasivo mayor que su activo”. “La Cámara no dispone de recursos suficientes para hacer frente a sus deudas”, señala.
Las recomendaciones que realizaba el Consello de Contas pasaban por la necesidad de proceder al saneamiento financiero, reestructuración de deudas, apoyo financiero exterior o integración en otra entidad de mayor capacidad. Pero también invitaba a reformular la gestión atendiendo a varias cuestiones. Así, se refería a la necesidad de elaborar adecuadamente los documentos que acompañan al presupuesto, ofreciendo la información exigida por la normativa vigente, y de rendir las cuentas anuales en los plazos establecidos. En materia de personal se insistía en la necesidad de regular los procedimientos de selección de personal atendiendo a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, así como de ofrecer mayor información sobre las retribuciones adoptando criterios objetivos para el abono de complementos.
En materia de contratación, se instaba a cumplir la normativa en adjudicaciones, evitando hacerlo directamente y definiendo con objetividad y transparencia los criterios en los que se basan.
El Consello de Contas hace referencia al informe de auditoría, que realiza varias objeciones en los años 2010 y 2011, entre ellas que el balance cameral recogiese como inversión en curso el edificio de usos múltiples del puerto exterior cuando no se conoce el importe que se recuperaría de este gasto; la participación en FIMO, por las dudas sobre la viabilidad de esta entidad; y que no se reflejase el importe de las indemnizaciones al personal consecuencia del plan de reestructuración –que se saldó con varios despidos– ni la devolución de subvenciones o préstamos cuya finalidad se incumplió.

La Cámara ya estaba en quiebra técnica en 2011, según el Consello de Contas