El Consello de la Xunta dio luz verde ayer al inicio de la tramitación parlamentaria de la ley para la digitalización de la administración gallega, con la que pretende convertir “en residual” el uso del papel para la gestión de los trámites administrativos a través de la creación de una nueva plataforma “única” que estará disponible “las 24 horas del día y los 365 días del año”.

Así lo explicó el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, en la rueda de prensa posterior a la reunión de su Ejecutivo, que ha autorizado el inicio del camino para que la nueva ley llegue al Parlamento de Galicia y sea aprobada próximamente.

El proceso de digitalización de la Administración autonómica se llevará a cabo a través de una normativa que incluye la creación de la figura del “funcionario habilitado”. Se tratará de un miembro del personal de la Administración que tendrá la potestad para “realizar trámites telemáticos” en nombre de un ciudadano que así lo solicite.

Además, con esta nueva fórmula los gallegos dispondrán de una “carpeta” en los archivos de la Administración pública autonómica en la que figurarán “todas sus relaciones” con la Xunta, a semejanza de la historia clínica que cada paciente tiene en la actualidad en el Sergas.

La digitalización de la administración supondrá, en palabras de Feijóo, “un cambio radical en la forma de entenderse entre los gallegos y el cuerpo de funcionarios” y permitirá “la automatización de los procesos” con un sistema “más fiable y rápido”.

Norma consensuada
La Xunta no ha concretado el período temporal para la implantación definitiva del sistema digital, que “dependerá de la voluntad del gobierno de turno”, si bien el jefe del Ejecutivo resaltó que “el modelo está diseñado” gracias a la normativa que ahora inicia los trámites parlamentarios para su aprobación definitiva.

Feijóo cifró en un total de 41 millones de euros anuales el ahorro para las arcas públicas que permitirá el nuevo sistema informatizado para los procesos administrativos una vez concluya su implantación definitiva.

Además, el presidente de la Xunta valoró que la normativa ha superado el período de exposición pública tras ser “aprobado por unanimidad por la mesa de personal” de la Administración autonómica.

Así, la ley se inspira “en tres principios: solo una vez, proactividad y automatización”. Y es que el Gobierno gallego pretende, además de aglutinar en una misma plataforma todos los procesos administrativos, que las interacciones de los ciudadanos permitan a la Xunta ofrecer a los gallegos información personalizada sobre convocatorias o procesos que puedan interesarle.

Transformación
Así las cosas, el salto hacia la digitalización implicará que las oficinas de registro y atención a la ciudadanía pasen a convertirse en espacios para el asesoramiento. A estos puntos podrán acudir los administrados para recibir ayuda sobre los procesos que, una vez implantado el nuevo sistema, solo podrán hacer a través de Internet.

Todo ello, como apuntó el mandatario autonómico, también supondrá que el cuerpo de funcionarios de la administración deberán formarse en el uso de las nuevas herramientas telemáticas. Para ello, la Xunta pondrá en marcha un plan de “capacitación digital” para el funcionariado con el que recibirán un certificado similar al que se emplea para la acreditación de las capacidades en el uso de la lengua gallega (Celga).

Asimismo, el objetivo de la Xunta también reside en “pasar del archivo en papel al archivo electrónico, seguro y fiable”, lo que convertirá a la figura del funcionario de la administración en un “puesto de trabajo digital” que favorecerá el “teletrabajo”.

Intercambios
Otra de las finalidades que persigue el Gobierno gallego con la informatización total de sus procedimientos es crear una red entre las diferentes

administraciones gallegas –la propia Xunta, diputaciones y municipios– para el intercambio de documentos públicos.

Por todo ello, Feijóo apeló a la “implicación” de los ayuntamientos y entidades provinciales, así como al “esfuerzo” tanto de los ciudadanos como de los empleados públicos para el desarrollo de un modelo digital que “universalizará el acceso a los procedimientos administrativos”.