11º-22º
sábado | 20 abril | 2024
La familia de Marta Sequeiro, la camarera del bar Bonky que fue asesinada con más 60 puñaladas en abril de 2016, impugnó ayer ante el Tribunal Supremo el recurso de casación que la abogada del autor confeso del crimen, Víctor Timiraos, interpuso ante este órgano el pasado mes.
La abogada del acusado ya intentó en noviembre que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia anulase la sentencia condenatoria y ordenase la repetición de la vista oral. Sin embargo, el alto tribunal gallego desestimó su petición y confirmó los 21 años de cárcel, además de la indemnización de 200.000 euros al hijo de la víctima y de 6.000 euros a cada una de sus dos hermanas.
Tras la negativa, la abogada coruñesa Gloria Otero, que asumió la defensa de Timiraos después de que este decidiese prescindir de su primera letrada, elevó su recurso a la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo. Como ya hizo ante el TSXG, la representación letrada del asesino confeso alegó que se vulneró el derecho a la tutela judicial su cliente, quien “no tuvo la oportunidad de presentar la testifical y pericial sobre el consumo conjunto de alcohol y benzodiacepina” que tomaba por prescripción médica.
Además, la defensa considera que la motivación del veredicto por parte del jurado había sido insuficiente, por lo que pidió de nuevo la anulación de la sentencia confirmada por el TSXG.
Desestimación
Ahora la acusación, ejercida por el bufete ferrolano de Lama y Asociados, en representación de las hermanas de Marta Sequeiro y de su hijo, han decidido impugnar este recurso de casación y piden la desestimación del mismo y la confirmación de la pena.
Respecto a la indefensión del encausado, los abogados de la familia de Marta Sequeiro arguyen que tanto en la fase de instrucción como en el juicio celebrado en abril del pasado año se admitieron y presentaron todas las pruebas que propuso la defensa de Timiraos –que en esos momentos contaba con otra abogada–. Por ello, explican que si la actual letrada considera que entonces no se actuó con “la diligencia exigible”, no se puede hablar de vulneración de los derechos del encausado, ya que la supuesta indefensión no es consecuencia de una mala acción del órgano judicial.
Por otro lado, la acusación particular cree que el jurado popular realizó una motivación clara y un juicio claro en su veredicto. “Los miembros del jurado aportaron razones suficientemente motivadas en pruebas e indicios para declarar como probados hechos lógicos y racionales”, insisten los abogados de la familia Sequeiro.
“No hay conclusiones arbitrarias, ni irracionales ni excesivamente abiertas”, cree la acusación popular, por lo que también descarta que este sea un motivo admisible para el recurso de casación presentado. l
