Los juzgados siguen “en mínimos” a la espera de resolver el conflicto

Los juzgados gallegos empezarán la semana “en servicios mínimos” a la espera de ver cómo evoluciona el conflicto abierto entre los funcionarios del sector judicial y la Xunta, hasta ahora encallado y que ha derivado en una huelga indefinida que provocó, entre el miércoles y el viernes de la semana pasada, la suspensión de cientos de juicios y miles de trámites.
Por el momento, los representantes del Gobierno gallego y los sindicatos parecen enrocados en sus respectivas posturas, aunque el foco ahora está puesto en la reunión que los representantes sindicales han convocado para hoy. Los “mayores avances”, según el comité de huelga (en el que están representados SPJ-USO, CUT, UGT, CSIF, STAJ, CIG y CC.OO.), se produjeron con la mediación del Consello Galego de Relacións Laborais, pero la Xunta da por cerrada esta vía.
De hecho, el Ejecutivo autonómico presentó en un último encuentro, que terminó con un encierro del comité de huelga en dependencias autonómicas, un “documento de cierre” que considera “generoso” y que es el que mantiene “sobre la mesa”, con una subida retributiva –a través del complemento autonómico transitorio– que sitúa entre los 660 y los 900 euros anuales.
En concreto, la Xunta plantea, a través del complemento autonómico transitorio, un incremento de 75 euros al mes (900 euros al año) para los gestores; 62 euros al mes (744 al año) para los tramitadores; y 55 euros al mes (660 al año) para los auxilios. El incremento, que tendría efectos a partir del 1 de enero de 2019, se aplicaría en tres anualidades.

Compatibilidad
Además, la propuesta recoge que este aumento en el complemento es compatible con mantener el concepto retributivo de “IPC gallego”, que ya perciben los funcionarios por trabajar en la administración autonómica gallega y que supone en torno a nueve euros al mes para los gestores; ocho euros al mes para los tramitadores; y siete euros al mes para el cuerpo de auxilios.
A los sindicatos no les satisface la propuesta económica, ni tampoco el hecho de que se posponga el inicio de su aplicación hasta el 1 de enero de 2019. Rechazan que sea “ilegal” un incremento en 2018 y sugieren la vía de la “productividad” que contempla, alegan, la Ley del Poder Judicial, para poder aplicarla.
Además, los representantes sindicales inciden en que el hecho de que se realice en tres anualidades supondría que no cobrarían el total comprometido hasta 2021 y en que ni siquiera esas cifras “se corresponden con la subida real” que se alcanzaría dentro de tres años (que sitúan en torno a los 500 euros).