Los contratos paralizados por el nuevo gobierno afrontan su recta final

El contrato para el suministro, servicios energéticos y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado, semáforos y dependencias municipales se resolverá en las próximas semanas. El actual gobierno local paralizó el polémico proceso de adjudicación iniciado y casi finalizado por el equipo de Rey Varela con la intención de tirarlo abajo siempre y cuando lo permitiesen los servicios jurídicos, dado lo avanzado del proceso (había ya una propuesta de adjudicación a la unión de empresas formada por FCC y la local Sefcon). La decisión final tendrá que saberse antes de finales de febrero, pues para ese pleno se ha anunciado que habrá una respuesta. Esa fue la razón por la que la edila de Ciudadanos votó a favor del reconocimiento extrajudicial de créditos a pesar de que había anunciado que se posicionaría en contra. 
Es precisamente el contrato eléctrico el que suscita los mayores problemas a la hora de que el pleno dé el visto bueno a esas facturas, a pesar de que se hace así desde hace años –la última prórroga expiró en mayo de 2012 y ese es el sistema que se sigue desde entonces–. En la sesión plenaria de esta semana se aprobaron seis facturas de la UTE Sice-Passo –la que se hace cargo del servicio mientras no se adjudica– por un valor de 120.000 euros. 
La oposición reclama que se aclare qué va a pasar pero desde el gobierno contestan que han pasado estos meses estudiando la situación y un contrato que, según se ha comentado en varias ocasiones, es el de mayor complejidad de todos los que gestiona la autoridad municipal. Con vehemencia se defendía el edil de Servizos, Bruno Díaz, en la sesión plenaria. Criticaba las prisas que se había dado el PP en licitarlo al final de su mandato y dejarlo atado después de pasar más de tres años sin hacerlo.
El problema que le ve el gobierno (antes oposición) a este contrato es el hecho de unir en un solo pliego el suministro y el mantenimiento eléctrico, una fórmula que, aseguran, no es habitual en los concellos e incluso está desaconsejada, según aseguraba el edil Javier Galán (EU) en su día, por la Comisión Nacional de Energía. Pero todavía más rechazo despierta la duración del contrato: quince años (reducidos a trece en el proceso de adjudicación, con una propuesta a la baja). El contrato vincularía así a más de tres corporaciones, que pagarían por este servicio 2,7 millones de euros al año. No quiere el gobierno actual esa herencia, mucho menos al comprobar los problemas que se encuentran al intentar remunicipalizar el agua por el hecho de que se haya prorrogado su concesión hasta el año 2030. 

basura y limpieza
El contrato de la recogida de residuos domésticos y comerciales y de limpieza viaria, que actualmente gestiona Urbaser con una prórroga, también debe encontrar una solución en las próximas semanas. Salió a concurso en febrero durante diez años y por un coste de 87 millones de euros. El gobierno local tiene esperanzas de poder remunicipalizar este servicio puesto que el proceso de adjudicación no está tan avanzado como sucede con el eléctrico. Implicaría una inversión en maquinaria y además hacerse cargo del personal. El concejal popular Alejandro Langtry deslizaba en el pleno de esta semana una posible oposición de Intervención a esta fórmula de contratación. Desde el gobierno explican que no hay ningún informe negativo al respecto. Si la remunicipalización implica despidos no se llevará a cabo.
Este servicio no debe validarse a través de facturas en el pleno puesto que está prorrogado y, por tanto, con un contrato en vigor. Lo mismo ocurre con el de mantenimiento de parques y jardines, del que se ocupa la UTE San Jose-El Ejidillo también a través de una prórroga.
El de mantenimiento de viales, del que se ocupa la empresa Mixturas, está también entre los objetivos del gobierno, que quiere gestionarlos directamente y no a través de una empresa.
La concejala de Hacienda, Eugenia Freire, defendía en el pleno que en estos siete meses se ha regularizado la situación respecto a varias facturas y señaló que existe una propuesta de adjudicación para el servicio de arqueología mientras que ya se están en vías de solución otros contratos como el de seguridad de FIMO. “Aínda que a fórmula do recoñecemento extraxudicial non é axeitada, tampouco o foi durante os últimos catro anos”, apunta la edila.