11º-22º
sábado | 20 abril | 2024
La Fiscalía Anticorrupción solicitó a la jueza María Núñez Bolaños, que investiga el caso de los ERE irregulares, que impute al exministro de Trabajo con el PP Manuel Pimentel por las ayudas de la Junta a Graficromo y Taller de Libros, de cuyo consejo de administración fue presidente el propio Pimentel.
En un escrito elevado al Juzgado, el Ministerio Público pide la imputación de Pimentel como “empresario promotor de la nueva sociedad” Taller de Libros, que surgió del plan de liquidación de la empresa cordobesa Graficromo, y de otras 24 personas por presuntos delitos de malversación, prevaricación, falsedad, tráfico de influencias y fraude.
resultados económicos
En su declaración como testigo ante la Guardia Civil, prestada el 22 de junio de 2015, Pimentel dijo que fue presidente del consejo de administración durante los tres años en que estuvo trabajando en la empresa y explicó que el 19 de septiembre de 2008 presentaron un ERE porque la empresa “no lograba resultados económicos favorables”.
Según declaró, fueron los trabajadores y el comité de empresa quienes decidieron pedir una ayuda a la Junta, añadiendo que la ayuda “fue a una cuenta creada por los trabajadores”, por lo que “cree que fue gestionada por ellos y repartido en función de criterios laborales”.
La Fiscalía relata que, después de que los administradores concursales de Graficromo presentaran el plan de liquidación, que contemplaba la enajenación unitaria a favor de Taller de Libros, se mantuvieron reuniones entre la representación de los trabajadores de la firma, el “empresario promotor de la nueva sociedad”, Pimentel, y la administración autonómica –el exdirector de Trabajo Francisco Javier Guerrero y el exdelegado de Empleo en Córdoba Antonio Fernández Ramírez–, “con el objeto de incorporar de forma escalonada y según necesidades a la nueva compañía los que fueron trabajadores” de Graficromo.
Taller de Libros, a su vez, presentó concurso mediante solicitud de fecha 28 de julio de 2008, tras lo que la administración concursal pidió al Juzgado, “con acuerdo con los trabajadores, la suspensión temporal de los contratos de trabajo de la plantilla por seis meses prorrogables automáticamente hasta 24 y por tres días semanales”, siendo el 16 de diciembre de 2009 cuando el Juzgado de lo Mercantil, “previo acuerdo con la representación de los trabajadores salvo en lo relativo a las indemnizaciones, autorizó la solicitud de la administración concursal de extinción de los contratos de la plantilla desde el 3 de diciembre”.
