El rey emérito, Juan Carlos I, quiere regularizar más de 500.000 euros procedentes de fondos opacos supuestamente gastados en tres ejercicios diferentes, entre 2016 y 2018, cuando ya no estaba protegido por la inviolabilidad, según publicó ayer “El País”.

Según este periódico, el equipo jurídico de don Juan Carlos se reunió con responsables de Hacienda para trasladarles una propuesta de regularización fiscal de los fondos ajenos, procedentes del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause, amigo del rey emérito.

El diario precisa que, en al menos dos de los tres ejercicios, la suma de fondos gastados sin ser declarados a Hacienda supondría un delito fiscal, pues la cuantía rebasaría los 120.000 euros.

La regularización no está relacionada con bienes en el extranjero, sino con el uso, por parte del rey emérito y algunos familiares suyos, de tarjetas bancarias con fondos opacos, que está siendo investigado por la Fiscalía del Tribunal Supremo.

La regularización voluntaria puede presentarse en cualquier momento antes de que la Agencia Tributaria abra una inspección o un juez cite a declarar como investigado por presunto fraude fiscal o blanqueo de capitales.

El rey emérito salió de España el pasado mes de agosto y reside desde entonces en Emiratos Árabes Unidos como huésped del jeque Mohamed Bin Zayed, príncipe heredero de Abu Dabi.

El monarca está pendiente de que el fiscal Juan Ignacio Campos, que dirige las tres investigaciones abiertas por el Ministerio Público contra él, archive las investigaciones o presente una querella.

“Todos deben cumplir”

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, reivindicó en la jornada de ayer que en España la Constitución establece de manera clara “cuáles son los vectores” del Estado, defendiendo que por ello, independientemente del cargo que se tenga, “todos los españoles deben cumplir con el principio de legalidad”.

Así se pronunció al ser preguntada por la información de que el Rey emérito, Don Juan Carlos I, presentó una declaración ante la Agencia Tributaria para regularizar su situación fiscal.

La ministra Darias defendió que España es un Estado “democrático de derecho”, a lo que añadió que “el principio de legalidad rige sobre todos los españoles y españolas”.

“Todos estamos obligados al cumplimiento de nuestras obligaciones en materia de fiscalidad”, señaló Darias, defendiendo que tal principio debe regir “para todos”, concluyó.