María Jesús Bouza y Abel Cabarcos necesitaban un coche robusto y potente que les permitiese superar toda clase de condiciones; lo suficientemente estable para lidiar por igual con un día soleado por las autopistas de la comunidad, como con un aguacero en los miles de “carreiros” de Galicia. Es por ello que decidieron comprar un Suzuki S-Cross, un vehículo que fusiona la potencia de un todoterreno con el confort de un monovolumen.
La marca nipona, no obstante, no resulta demasiado común en la comarca, así que el pasado mes diciembre decidieron ir a Motorkar, uno de los concesionarios oficiales de Suzuki en el área, para encargar el que debería ser su nuevo vehículo..
"Fue a finales de diciembre", señala María Jesús, "y llegó en abril. Ya tardó en venir, aunque nos decían que iba a llegar antes. Nos llamaron para que fuésemos a ver el coche y nos dieron los papeles para pagarlo mediante una transferencia bancaria. Después comenzaron a poner disculpas; que si les habían enviado la documentación mal, que si no era la del vehículo... Y así nos hicieron esperar más de 15 días. Tras este tiempo nos dijeron que todo estaba arreglado, pero que en tráfico les estaban poniendo trabas y que no lo podían matricular. En ese momento yo les dije que la situación no pintaba bien. Al final nos enteramos por Internet de que la cosa iba mal y, cuando mi marido volvió a ir por allí ya vio a gente esperando y a la Guardia Civil. No sé que excusa les pusieron, pero bueno, ahí fue cuando empezó el problema”.

Afectados en la sombra
María Jesús y Abel, como tantos otros, había pagado su coche íntegramente sin necesidad de financiación; primero una pequeña entrada de 400 euros como fianza y luego, el 26 de abril, los 26.600 restantes. “Este caso es muy particular”, apunta Mar Basoa, abogada de una buena parte de los afectados por el cierre; “hablamos de una cantidad importante y, aunque en abril se realizó la transferencia, la compra se concertó en diciembre con la entrega de este anticipo. Estos señores compraron ese vehículo y firmaron ese contrato en 2017”.
Al igual que los otros afectados, Abel y María Jesús recabaron todos los apoyos posibles, presentándose en las movilizaciones con el resto y entregando las denuncias oportunas. Sin embargo, el hecho de que tan solo tres casos del nutrido grupo de perjudicados por el cierre perteneciesen a Suzuki les ha relegado a una posición minoritaria en la que se sienten olvidados. La presión social e institucional logró que Opel diese su brazo a torcer y, finalmente, se hiciese cargo de la situación; la marca nipona, no obstante, no sufrió ese apremio, por lo que de momento continúa sosteniendo que el caso no es responsabilidad suya.
“Los pasos que se han dado, a nivel legal, son los mismos que con Opel”, aclara Mar Basoa; “se interpuso una denuncia a la Guardia Civil de Tráfico en las mismas fechas junto al resto de perjudicados y también se puso una reclamación ante Consumo. Por parte de esta entidad sí que hemos tenido noticias, pero no por Suzuki. Yo, por otro lado, también he intentado entablar un contacto directo con los responsables de la marca. Nos contestaron por escrito pero, inicialmente, sostienen que ellos solo son los fabricantes. Algo tendrán que decir, dado que estos señores han comprado un coche de esta casa, no de otra”.
Lamentablemente, el reducido número de afectados que adquirió un vehículo Suzuki tiene poca presencia mediática, especialmente en comparación con Opel. De este modo, Abel y María Jesús quedaron olvidados, ocultos tras la victoria contra la casa teutona.

Apoyo institucional
La situación de estos perjudicados es crítica, dado que, de llegar el concurso de acreedores, perderían definitivamente el coche. Según aseguran su vehículo todavía sigue en el establecimiento, pero Santander, entidad que sufraga los gastos de los vehículos Suzuki, tiene una prenda sobre los mismos, así que retirarían el suyo llegados a ese punto.
Las instituciones, por otra parte, también mostraron su apoyo hacia su caso particular; pero los afectados ven como la falta de repercusión mediática del mismo al ser una minoría menoscaba dicha ayuda.
“Ellos son muchos”, explica María Jesús; “entonces al ser tantos hacen más fuerza ¿Qué íbamos a hacer, meternos en medio de los de la Opel? Fuimos a algunas protestas, a la reunión con Consumo... Estuvimos un día también delante del concesionario, que estuvieron allí manifestándose, pero claro ¿Nosotros qué somos? Los de Opel peleaban por lo suyo y nosotros tenemos que pelear por lo nuestro”.
El tiempo corre y, si nada cambia, en pocas semanas tendrá lugar el concurso de acreedores. A pesar de no tener deudas, de haber pagado en el día, su vehículo formará parte de las compensaciones a las financieras; y mientras tanto, María Jesús y Abel esperan una solución, ocultos tras la agridulce victoria del resto de afectados y conscientes de que, al final del día, se han convertido en los olvidados de Motorkar. l