El juez Morán Llordén ha dictado un auto desestimando el recurso de reforma interpuesto por la representación procesal de Yolanda Mauriz Bastida y Tomás García Monteagudo, dos arquitectos que están imputados por supuestos delitos de prevaricación y tráfico de influencias en relación con la oficina del ARI de Mugardos. Su recurso se dirigía contra la decisión del magistrado de transformar las diligencias previas en procedimiento abreviado, a fin de que los hechos que se les imputan puedan ser juzgados.

Morán Llordén fundamenta la desestimación en que, de lo actuado, se desprende, por el momento, que los hechos investigados pudieran ser constitutivos de delito, por la existencia de “suficientes indicios racionales de que hubo un concierto malicioso de voluntades entre Yolanda Mauriz y Tomás García, que comprendía un reparto de funciones públicas y privadas y un reparto de sueldo público y honorarios profesionales”.

El juez instructor añade que a lo largo de los años transcurridos desde el inicio del procedimiento –la denuncia se interpuso en 2008–, los imputados no han dado explicación a los pagos entre los mismos, salvo la que ahora se ofrece por la vía de recurso.

Los imputados son la exresponsable de la oficina del ARI de Mugardos y otro arquitecto con el que, supuestamente, había formado una UTE. Al parecer, los dos habían colaborado con EU en la interposición de la querella, por parte de la Fiscalía, del Caso “Virgin”, finalmente archivado. Precisamente fue uno de aquellos imputados que quedó libre de cargos, Pedro Cortizas, el que, con la asistencia letrada de Ana Berini, del gabinete Lama & Asociados, denunció a Yolanda Mauriz y Tomás García.