La acusación particular pide 20 años de prisión por el crimen de Pontedeume

foto de archivo del presunto autor del apuñalamiento –derecha de la imagen– saliendo del juzgado quintana
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Las acusaciones particulares ejercidas, por una parte, por una hermana del menor ferrolano F.S.G., de 17 años, que murió apuñalado en una vivienda de Pontedeume el 10 de julio de 2011, y por la otra, por la madre y otras dos hermanas, acusan al matrimonio de la casa en la que ocurrieron los hechos de un presunto delito de asesinato y otro de omisión del deber de socorro, e interesan que se impongan a cada uno de ellos las penas de 20 años de prisión y multa de 3.600 euros. Al mismo tiempo, responsabilizan a la hija de la pareja y a su yerno de un supuesto delito de encubrimiento, interesando que se les condene a dos años de prisión.

En materia de responsabilidad civil, solicitan que los acusados indemnicen a la madre del menor con la suma de 150.000 euros, además de otros 40.000 para cada una de las tres hermanas.

En los escritos de acusación, los abogados Jorge Vázquez y Víctor Espiñosa, que representan a la madre y a las hermanas del fallecido, concluyen que sobre las 2.15 horas del 10 de julio de 2011, el acusado, José Agustín Fernández Carpente, de 66 años, se encontraba en el interior de su domicilio de la avenida de Ferrol, en la villa de Pontedeume, cuando se encontró con un individuo desconocido en el interior del mismo, que resultó ser el joven F.S.G. Añade que entre ambos se inició un forcejeo, en el curso del cual el dueño de la vivienda acometió con un cuchillo de cocina de grandes dimensiones que le facilitó su esposa y, eficazmente ayudado por esta, arrinconaron al joven en una habitación sin permitirle salida alguna y José Agustín Fernández Carpente le dio muerte después de asestarle siete puñaladas, sin que este pudiera defenderse en ningún momento y sin existir riesgo para la integridad física de los agresores.

El escrito de acusación continúa diciendo que la víctima herida mortalmente huyó de la vivienda, falleciendo en las proximidades de la misma entre las 2.30 y las 3.00 horas de la madrugada de ese día.

También atribuye un supuesto delito de encubrimiento a la hija y el yerno del matrimonio imputado

Recoge, asimismo, que posteriormente, al comprobar que el joven había fallecido, el matrimonio no solicitó la presencia de los servicios sanitarios y tampoco intentó asistirlo, “y, a mayor abundamiento, procedieron a limpiar concienzudamente los restos de sangre que habían quedado en la vivienda, en el propio cuchillo y también en el exterior de la casa”.

Los letrados de la familia del fallecido sostienen que los acusados no avisaron al centro médico, ya que solo llamaron a su yerno, que es guardia civil, que fue el primero en llegar y el que encontró el cuerpo sin vida del menor, y que, “transcurrido un considerable espacio de tiempo, se puso al habla con la central de la Guardia Civil”. A este respecto, apuntan que, previamente, se preocupó de hacer unas modificaciones en la escena del ataque, al objeto de cambiar o manipular algunas situaciones que evidenciaban las pruebas ya existentes, destacando no solo la limpieza ya apuntada, sino la “manipulación de varios juegos de llaves que fueron colocados malintencionadamente en la ropa del fallecido, a fin de crear dudas sobre su credibilidad. Por último, añaden que el yerno estuvo en contacto en todo momento con su esposa, a fin de que estuviese informada y no atendiese llamadas de los cuerpos de seguridad.

La jueza de Betanzos que instruye las diligencias está a la espera, ahora, de que la Fiscalía presente su escrito de acusación.

Por su parte, la defensa del matrimonio, ejercida por el abogado José Luis Gutiérrez Aranguren, interesa el sobreseimiento libre, por entender que en este concurren las eximentes de miedo insuperable, legítima defensa y estado de necesidad, puesto que sigue sin saberse qué hacía de madrugada el joven en el interior de la casa. En cuanto a la postura de la acusación particular respecto a la hija y el yerno, Gutiérrez Aranguren señala que no se puede pedir apertura de juicio contra quien no fue oído como imputado.

 

La acusación particular pide 20 años de prisión por el crimen de Pontedeume