El Gobierno gallego aprobó ayer la nueva ley de ordenación del territorio, que “actualiza” la norma en vigor del año 95, además de “simplificar y agilizar” los diferentes instrumentos de la planificación urbanística para “evitar posibles desequilibrios y mejorar la coordinación y planificación integral del territorio en términos de igualdad”. También aspira a “reforzar la seguridad jurídica” para quienes “inviertan” en Galicia.

“Culminamos así toda la ordenación urbanística de Galicia”, proclamó el presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo, quien compareció acompañado de la conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, para concretar los detalles de una ley que entrará en vigor “a principios del año 2020”, una vez que concluya su tramitación en el Parlamento, a donde será remitida.

Feijóo remarcó que esta actualización se basa en los principios de “coordinación, cooperación interadministrativa, racionalidad y planificación”. “Con este texto, seguimos la línea iniciada con la redacción de la ley del suelo”, dijo, subrayando que se trata de alcanzar “los objetivos señalados por la Estrategia Europea de Ordenación del Territorio y de solucionar nuevas necesidades detectadas en estos 25 años”.

Asimismo, explicó que se establece un único procedimiento de tramitación para todos los instrumentos de ordenación del territorio. Y otra de las novedades –añadió– es que el documento aporta “mayor seguridad” a la figura de plan sectorial –el instrumento que ordena y regula la implantación de actividades sectoriales en el territorio–, al actualizar su definición para diferenciarla del concepto de proyecto sectorial.

En concreto, la ley reduce a cuatro las figuras de ordenación diferenciando entre: las directrices de ordenación del territorio; los planes territoriales integrados y especiales; los planes sectoriales; y los proyectos de interés autonómico, que sustituyen a los proyectos sectoriales de incidencia supramunicipal.

“Estos serían los cuatro instrumentos que tenemos a nuestra disposición para ordenar el territorio de forma igualitaria y coherente en los 313 ayuntamientos gallegos”, abundó Feijóo, convencido de que el texto es “una garantía para la inversión, para el crecimiento ordenado, para un urbanismo con principios y para que todo el mundo sepa exactamente qué se puede hacer”.

Procedimiento ambiental

Por su parte, Ángeles Vázquez destacó que, en líneas generales, la nueva ley pretende ser una normativa “más simple, útil, eficiente y práctica” que la norma vigente. En ese sentido, se apuesta por una “simplificación administrativa”, tanto del número de figuras como en el procedimiento de su tramitación.

Al igual que se hizo en la Ley del suelo, y con el ánimo de conseguir una simplificación administrativa, se integra el procedimiento ambiental y la tramitación del instrumento de ordenación, evitando tener que acudir a diversas normas para identificar qué procedimiento resulta aplicable.

Del mismo modo, la Xunta aspira a “facilitar la vida” de los ayuntamientos, “evitando la duplicidad de trámites y procesos, lo que permitirá ahorrarles tiempo”. Así, la conselleira explicó que, tras una intervención en el territorio, los municipios dejarán de tener la obligación de actualizar sus respectivos planes y se hará cargo la Xunta de realizar esa labor.

Oficina

Además, la nueva norma a la que ayer dio el visto bueno el Consello de la Xunta crea el Registro de Ordenación del Territorio y Planeamiento de Galicia, que “favorecerá el acceso a la información del territorio, documental y gráfica, de la que dispone la Administración.

La Xunta aspira, así, a reforzar la seguridad jurídica y “dar todas las garantías” para que los empresarios que quieran invertir en Galicia “tengan toda la información en esa única ventanilla”.

De este modo, la nueva ley refuerza una serie de objetivos que se ha marcado el Gobierno gallego para mejorar la calidad de vida de los habitantes, como la búsqueda de un desarrollo equilibrado de toda la comunidad, la garantía de accesibilidad de toda la población a infraestructuras y servicios, la mejora de la relación entre el medio urbano y el rural, tratando de evitar el “éxodo masivo del campo hacia las ciudades” con el establecimiento de políticas y estrategias que hagan más atractiva la vida en el rural y apoyando también el desarrollo sostenible. l