Alcoa interpuso ayer un recurso de apelación contra el fallo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que le impide parar las cubas de electrolisis en la planta de San Cibrao, en Cervo.

Fuentes de la empresa informaron de que la multinacional cree que la resolución de los magistrados que aceptó en parte las medidas cautelares pedidas por los representantes de los trabajadores “incumple algunas normas procesales”.

A juicio de la compañía, que pretende ejecutar un despido colectivo para 524 empleados de la factoría de aluminio que se negó a vender a Liberty y a la SEPI, “la medida cautelar no cumple con los requisitos legales”, de ahí el recurso de apelación interpuesto ante el TSXG.
En paralelo con este proceso, las fuentes de Alcoa avanzan que la firma “defenderá su posición de que el despido colectivo es necesario” en

otro proceso iniciado por el comité de empresa, que impugnó el viernes esa decisión de la empresa que afecta a más de medio millar de empleados.

Según Alcoa, es “necesario debido a los factores estructurales permanentes que impactan en la planta de aluminio de San Cibrao, que la han hecho poco competitiva”. Además, asegura haber actuado “de buena fe y de conformidad con la normativa aplicable sobre procesos de despido colectivo”.

Por último, las fuentes de Alcoa aseguran que la planta ha perdido 151 millones de euros entre enero de 2018 y el 30 de septiembre de 2020.
Precisamente este lunes, el comité de empresa ofreció a la compañía “paz social” si se sienta a negociar la venta y levanta el despido colectivo, de modo que se alivien las pérdidas que está suponiendo el bloqueo de la salida de material de la factoría en el marco de la huelga indefinida que mantiene la plantilla desde hace semanas.