El Concello planea cambiar el registro de solares para empezar a aplicarlo

La ordenanza reguladora del Registro Municipal de Solares y Edificaciones para Rehabilitar, derivada de la Lei do Solo de 2002, está en vigor desde marzo de 2011 pero nunca se ha aplicado. En la actualidad no hay ninguna propiedad inscrita en una lista en la que entran los solares y edificios si después de dos años tras haberles requerido acciones desde la administración estas no se llevan a cabo. Las consecuencias finales de esta inclusión pueden ser la expropiación, la venta o la edificación forzosa.
Esta herramienta para evitar el deterioro urbanístico podría ponerse por fin en marcha. La concejala de Urbanismo, María Fernández, explica que, como ordenanza, existe la obligación de cumplirla y apunta que si se hubiera hecho quizás no se hubiera llegado a la situación actual en barrios como el de Ferrol Vello, con tres calles parcialmente cortadas al tránsito por peligro de desprendimiento. Pero antes es partidaria de hacer modificaciones que se ajusten a la realidad. El Registro se aplica a solares sin edificar, además de a viviendas que necesitan rehabilitación. Son las actuaciones referidas al primer punto las que el Concello quiere cambiar para restringirlas a inmuebles en estado de ruina, sin obligar a construir en terrenos vacíos. 

inspecciones
Recuerda Fernández Lemos que los edificios antiguos tienen ya la obligación de pasar una Inspección Técnica en la que se obliga a hacer reparaciones a los propietarios que eviten el deterioro. Es el caso de los ruinosos el que más preocupa, porque, si no se solucionan las incidencias, los problemas van a más y el problema crece con el paso del tiempo. Es lo que pasa con algún edificio de la calle Carme Curuxeiras que tiene expediente de ejecución abierto desde 2001. Entonces sí se hicieron las obras que se requerían desde el Concello pero la falta de una rehabilitación integral motiva que con los años los daños se agranden.
La falta de aplicación del Registro de Solares tiene también como consecuencia que no exista en la actualidad una lista actualizada de los inmuebles en riesgo, a pesar de que desde la administración local se pueda tener constancia de los casos que necesitan atención. Falta este punto de partida oficial para saber en qué zonas actuar.