La Comunidad de Madrid está dispuesta a confinar a las poblaciones con más de 500 contagios de Covid-19 por cada 100.000 habitantes, siempre que la medida se aplique de igual modo “en toda España” y se hagan PCR en Barajas, estaciones de AVE y Renfe que es, según el Gobierno regional, por donde entran los contagios.

Esta fue la posición que ayer planteó la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, tras la polémica a raíz del anuncio hecho el viernes por la Comunidad de ampliar las restricciones a la movilidad a ocho zonas sanitarias más.

En total son 45 las zonas nadrileñas afectadas por estos confinamientos parciales para tratar de frenar la expansión del virus, que engloban una población de 1.025.000 personas, pero no a la totalidad de los habitantes de la capital, como solicitaba el Ministro de Sanidad, Salvador Illa.

El ministro pidió a las autoridades regionales a “revisar” sus medidas de contención y a “extenderlas” de acuerdo con las recomendaciones de “los expertos”, porque, según dijo, hay “un serio riesgo” para la salud pública.

Por su parte, la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, trasladó ayer al vicepresidente de la Comunidad, Ignacio Aguado, la disposición del Ejecutivo a “ayudar” para frenar los contagios, pero solicitaba que el Gobierno regional “se ponga al lado de la ciencia y de los técnicos sanitarios”, porque, advertía, la batalla contra el virus “es epidemiológica, no ideológica”.

Aunque fuentes del Gobierno regional negaron que exista un “choque” por parte del Gobierno de Ayuso, y aseguran que se actuó “conforme al acuerdo” adoptado el jueves pasado con el Gobierno central, la primera consecuencia fue la dimisión del doctor Emilio Bouza como portavoz del Grupo Covid-19 de la Comunidad de Madrid, apenas dos días después de ser designado para el puesto tras su elección por consenso entre las dos administraciones.

Por su parte, el consejero de Justicia e Interior de la Comunidad, Enrique López, afirmaba en las redes sociales que “no cabe ninguna intervención sanitaria de una comunidad autónoma. Las competencias son de la Comunidad” y consideraba que Madrid las está ejerciendo “con criterio y responsabilidad”, a la vez que hacía un llamamiento al Gobierno central y al ministro de Sanidad para que regresaran “a la lealtad”. 

“Los ciudadanos piden soluciones, no enfrentamientos” insistía Enrique López en un tuit publicado ayer en el que de nuevo conminaba al Gobierno y al ministro de Sanidad a regresar “a los espacios de colaboración constituidos por la Comunidad de Madrid” y a no amenazar “con actuaciones de difícil encaje legal”.

En la misma línea, el vicepresidente Ignacio Aguado pidió a Illa, y a la ministra Darias continuar con las reuniones entre Madrid y el Gobierno central para acordar medidas conjuntas. 

“Urge un alto el fuego político”, escribió Aguado en Twitter.

Aguado instó a ambas administraciones a estar “a la altura” de las circunstancias, porque, afirmó, los madrileños “merecen” acordar “conjuntamente” las medidas para proteger su salud. 

Por otro lado, 222 agentes, entre Policía Nacional y Guardia Civil vigilarán desde hoy las 45 zonas confinadas en Madrid, un despliegue reclamado por el Gobierno madrileño, que también pidió ayuda de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para apoyo logístico y desinfección.