La Consellería de Economía e Industria informó a este diario de que actualmente se “está estudiando” cuál será el censo que se utilizará para la convocatoria de elecciones en la Cámara de Comercio de Ferrol. La gestora creada para liderar dicho proceso tenía previsto utilizar, en principio, la lista de empresas que están actualmente dadas de alta en la entidad –unas 200–, si bien acaba de entrar en vigor la nueva Ley de Cámaras, según la cual todas las empresas de la demarcación serán adscritas de oficio.
En el año 2010, cuando se aplicó el decreto que suprimió la obligatoriedad de la cuota cameral, en las tres comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal había unas 12.500 empresas. Aunque esta cifra habrá descendido a causa de la crisis, de aplicar el criterio de la nueva Ley de Cámaras todas ellas podrían votar en las próximas elecciones. Tal como se informó, la gestora abrió recientemente un plazo para darse de alta en el otro censo, el conformado por las empresas que se han inscrito voluntariamente en el mismo, en el que solo se produjeron tres nuevas altas.

legislación
Entre otras novedades, la nueva Ley de Cámaras establece que como mínimo dos tercios de los vocales del pleno “serán los representantes de todas las empresas pertenecientes a las Cámaras en atención a la representatividad de los distintos sectores económicos que se determinará conforme a los criterios que se establezcan por la administración tutelante teniendo en consideración su aportación al PIB, número de empresas y el empleo”. Estos vocales se elegirán por sufragio directo, mientras que el otro tercio, como máximo, serán “representantes de empresas y personas de reconocido prestigio en la vida económica” y “de las empresas de mayor aportación voluntaria”, en la forma que determine la administración tutelante, es decir, la Xunta.
La ley dice que también podrán asistir a las reuniones del pleno, con voz pero sin voto, personas de reconocido prestigio, elegidas por los vocales entre una lista de candidatos. Se garantiza, por otro lado, que habrá como mínimo una cámara de comercio por provincia, pudiendo haber más.