Mañana será el primer día hábil que estará en vigor la nueva ley hipotecaria que, entre otros aspectos, obliga a las entidades a asumir los gastos de notaría, gestoría y registro, lo que permitirá a los clientes ahorrar una media de entre 500 y 1.000 euros.

El pasado febrero se aprobó en el Congreso la Ley Reguladora de los Contratos del Crédito Inmobiliario, más conocida como ley hipotecaria, que entra en vigor hoy.

La norma es el resultado de la transposición de una directiva comunitaria que va con casi tres años de retraso, por lo que la Comisión Europea amenazó a España con una multa de más de 100.000 euros diarios. Aunque ha tardado en aprobarse, España cuenta desde ahora con una nueva ley que, según los expertos, refuerza la protección y seguridad jurídica de los consumidores.

Los bancos están preparados
Para el portavoz de la patronal de la banca española, la AEB, José Luis Martínez Campuzano, las entidades financieras españolas “están preparadas” para afrontar los cambios y mantener al mismo tiempo su capacidad de conceder préstamos y la calidad del servicio al cliente. 

La norma, que también establece que la hipoteca para la primera vivienda quedará gravada con el impuesto de actos jurídicos documentados (AJD) que pagarán las entidades financieras, elimina las cláusulas suelo.

Según Martínez Campuzano, “la nueva ley es mucho más exigente que la norma europea que busca trasponer”, ya que, entre otras cosas, limita la compensación derivada del derecho de los clientes a amortizar anticipadamente el crédito, lo que “puede tener un coste elevado para los bancos y podría afectar a la disponibilidad de crédito a tipo de interés fijo en el futuro”.  “También debilita la garantía de los préstamos, lo que puede encarecer la financiación de los bancos en los mercados y reducir su capacidad de gestionar el riesgo asumido”, dijo este experto, que confía, no obstante, en que eleve la seguridad jurídica y reduzca tanto las discrepancias judiciales como la litigiosidad, “que es perjudicial para el cliente y la entidad”.

La norma también obliga a los empleados de las entidades financieras a recibir una formación específica sobre hipotecas. 

Al respecto,  el sindicato UGT ha denunciado que el retraso en la transposición de la directiva y el hecho de que ahora haya que actuar “a toda prisa” se traduce en que serán los trabajadores del sector bancario los que pagarán “los platos rotos” pues tendrán que recibir la formación fuera de su horario laboral.