La CIG reclama a la Xunta que clarifique en que consiste el plan industrial

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La Federación de Industria de la CIG hizo ayer balance de las reuniones mantenidas estas pasadas semanas con los cinco grupos políticos del Parlamento gallego a propósito de la industria naval en la comarca.
El sindicato asegura que el escrito que presentaron al PP, PSdG, AGE, BNG y Grupo Mixto fue bien acogido y compartido casi en su totalidad por los grupos parlamentarios, con algunos matices. La principal preocupación de la CIG es la carga de trabajo de los astilleros a corto plazo, pues una vez terminado el flotel para Pemex, a finales de junio, no existe ningún otro encargo en firme. 
El secretario nacional de CIG-Industria, Xoán Xosé Bouzas, explicó que el PP se ampara en los proyectos que se están negociando, pero “a realidade”, dice, es que no hay “nada cerrado”. De no concretarse algún pedido en los próximos meses, advierten desde la CIG que la situación pueden volver a ser “crítica”.
Respecto a la factoría de Fene, la confederación urge en el escrito presentado a los grupos parlamentarios a materializar el levantamiento del veto con la construcción de, al menos, dos de los cuatro buques petroleros que Navantia tiene previsto fabricar para la naviera Ondimar. 
El sector eólico marino, que podría generar como máximo 600 puestos de trabajo, no debería sustituir, a su juicio, a una construcción civil que movió en su día en la planta fenesa a más de 5.000 personas. Temen que si no se genera la suficiente actividad productiva en la antigua Astano, la dirección del astillero termine privatizando o externalizando la factoría.

plan industrial 
La otra gran inquietud que la CIG trasladó en la ronda de entrevistas se refiere al plan de futuro de Navantia, del que tanto se habló en la precampaña electoral, pero del que poco se conoce. Marcelo Amado, miembro de la sección sindical de la CIG en Navantia exigió a la dirección de la empresa pública que se pongan “las cartas sobre la mesa”. 
“Tenemos que saber qué conlleva ese plan, cuál es el futuro de las instalaciones y el de las platillas”, se preguntan. Sospechan los representantes de la confederación que la plantilla será la gran perjudicada  y advierten que “lo que Navantia califica de plan de futuro”, ellos lo llaman “plan de ajuste”. “Y todos sabemos lo que eso supone en casi todos los casos”.

interlocutores
A pesar de la buena sintonía que la CIG manifestó sobre estas conversaciones, también denunció la “discriminación” que, según el sindicato, sufrió por parte del conselleiro de Industria, Economía e Emprego, Francisco Conde, quien no pudo reunirse con los representantes de la federación de industria “por problemas de agenda”. 
Aunque la reunión se celebró con otra personalidad de la consellería, la CIG reprochó que no asistiese el interlocutor que ellos habían demandado. No tuvo problemas de agenda, criticaron desde el sindicato, “para reunirse el martes con la patronal del Naval (en alusión al encuentro entre Conde y Aclunaga)”.
La reunión que sí tiene pendiente la CIG, recordaron ayer, es con la SEPI, después de que el ente público empresarial derivase dicho encuentro a la dirección de Navantia. “Es el accionista de la empresa el que tiene que reunirse con nosotros y no Navantia, que ya tiene sus propios órganos de representación”, declaró ayer Marcelo Amado.
En una segunda fase, tras esta primera tonda de contactos, la confederación instará a los grupos a que concreten estas propuestas y se conviertan en iniciativas parlamentarias. 
“Si realmente existe el consenso que  los grupos demostraron estas pasada semanas, debería ser fácil presentar un frente común para la defensa del sector naval”, explicó Bouzas Aboi. Si no se hace, sostiene, es que están actuando de forma “electoralista”. No sería nada nuevo, insisten desde el sindicato, pues ya “se ha jugado bastante” con Navantia antes de las elecciones.
Por último, la CIG solicita que se haga cumplir la ley del sector naval gallego para que la Xunta entre en el consejo de administración de Navantia. Esto no se aplica, señala el sindicato, “porque si lo hicieran no podrían responsabilizar a otros de los problemas del astillero”. Sin embargo, “sería la mejor manera de garantizar el futuro del naval”, opinan en la CIG. 

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