El Consello de la Xunta aprobó ayer el anteproyecto de ley de medidas urgentes elaborado ante la entrada en vigor de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la administración local, con la que se pretende facilitar el cumplimiento de la normativa estatal y garantizar la eficiente prestación de servicios públicos de cara a la ciudadanía. El documento obtuvo el pasado miércoles el visto bueno de la Comisión Ejecutiva de la Fegamp, que informó favorablemente sobre el anteproyecto de ley.
La Federación incorporó al documento una serie de modificaciones, con la finalidad de responder a los problemas detectados por los concellos a la hora de aplicar la reforma local. Entre las aportaciones realizadas desde la Fegamp destacan la homogeneización de criterios a la hora de la delegación de competencias por parte de la Xunta, la flexibilización para determinar cuáles se consideran “nuevas” y la incorporación de un trámite de urgencia para la emisión de informes de sostenibilidad desde la administración autonómica.
El presidente de la Fegamp, José Manuel Rey, señaló que “esta es una norma que va a dar amparo inmediato a muchos alcaldes que están encontrando dificultades para seguir prestando servicios públicos que ya estaban consolidados en sus ámbitos municipales”.
La aplicación del anteproyecto tiene un carácter “inmediato”, según destacó Rey Varela, que valoró el posicionamiento unánime del municipalismo gallego frente a una reforma “que no responde a las singularidades de los concellos de Galicia”. El anteproyecto contó en la Fegamp con los votos favorables de los alcaldes del PP si bien, tal y como se apuntó desde el organismo, “recibió el reconocimiento del resto de grupos por intentar enmendar la situación de desconcierto en que los concellos se han visto sumidos por la entrada en vigor de la reforma”.
La Comisión Ejecutiva de la Fegamp acordó también aprobar por unanimidad la creación de una sección de “Concellos con intereses turísticos”, de la que inicialmente forman parte unos 40 ayuntamientos –en la comarca solo el de Mugardos– y el Patronato Rías Baixas de la Diputación de Pontevedra.
Asimismo, todos los grupos respaldaron una moción del PSOE para instar al Gobierno a rebajar las exigencias a los concellos que acudieron al primer Plan de Pago a Proveedores. n
