El Juzgado desestima la pretensión de Navantia de no pagar el IBI al Concello

El Concello de Ferrol informó ayer, a través del área de Economía, Facenda e Patrimonio, que la Justicia acaba de darle la razón a la administración municipal en relación a Navantia y a la obligación de esta entidad de abonar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Así se establece en la sentencia dictada el pasado día 8 del presente mes por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Ferrol, en la que se señala que la pretensión de la empresa pública de no abonar el citado impuesto por sus terrenos no es ajustada a derecho, por resultar dicha formulación opuesta al derecho de la Unión Europea.
El posicionamiento de Navantia de no pagar el IBI por sus instalaciones en el municipio ferrolano supuso un prolongado proceso de capítulos judiciales entre dicha entidad y el Concello. En vista de la situación, el que fue juez sustituto de lo Contencioso Administrativo Cristóbal Pintado optó en su momento por remitir el asunto al Tribunal de Justicia Europeo, que en octubre del año pasado dictó una sentencia al respecto.
En la misma se argumentaba que la exención del IBI a Navantia podría considerarse ilegal, por entender que dicha medida puede ser considerada ayuda del Estado y, por lo tanto, incumplir el artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
En este sentido, el Tribunal Europeo precisaba que la exención del IBI de una parcela de terreno perteneciente al Estado y puesta a disposición de una empresa de la que éste posee la totalidad del capital y que, en esa parcela, produce bienes y presta servicios que pueden ser objeto de intercambios comerciales entre los Estados miembros en mercados abiertos a la competencia, podría considerarse “una ayuda del Estado prohibida”.
Pese a este pronunciamiento, el Tribunal de Justicia Europeo dejó en manos del Juzgado de lo Contencioso Administrativo la decisión de aplicar esta calificación.
En base a esta sentencia, y también a un pronunciamiento del mismo tenor de la Comisión Europea de fecha 13 de enero de 2014, el juzgado ferrolano acaba de dictar su fallo ahora, dando la razón al Concello en el sentido de que Navantia tiene que abonar el IBI.
El Ministerio de Defensa y Navantia reclaman al Concello de Ferrol desde hace años que renuncie a cobrar el citado impuesto por una superficie de más de 900.000 metros cuadrados que ocupa el astillero en la ciudad. El Ayuntamiento percibió en 2010 por este concepto la cantidad de 590.308,77 euros por los ejercicios anteriores al año 2008, pero sobre los siguientes se pidió la exención fiscal, solicitud que fue denegada.
A través de una sentencia dictada en 2011, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de-sestimó la reclamación de la empresa en favor del Concello, pero fue desautorizado por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que en octubre de 2012 revocó dicha decisión. Por esa razón, el juzgado ferrolano acudió al Tribunal Europeo, que le dio la razón, pero dejó la resolución en sus manos, que sale ahora en esta sentencia.
Fuentes de Navantia anunciaron ayer que el presente fallo va a ser recurrido en apelación ante el TSXG.