La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, se lamentó de que las empresas no se tomaron en serio la entrada en vigor ayer del registro de jornada, por lo que aseguró que la Inspección de Trabajo dará un margen de maniobra antes de comenzar a sancionar.
La titular aseguró que las empresas tuvieron dos meses para planificar, pero “han esperado al último día” para abordar el sistema con el que van a controlar la jornada de sus trabajadores.

Por ello, la Inspección de Trabajo actuará, indicó, pero “si llega a una empresa y dicen que están en fase de negociación, se dará un margen de maniobra, dentro del respeto y del cumplimiento de la ley, para poner en marcha el registro de jornada”. En este sentido, añadió que “hay que cumplir con las jornadas, porque el tiempo parcial es tiempo parcial y las horas extra son horas extra”, aclaró la ministra, al tiempo que recordó que esta ley beneficia a las empresas, a los trabajadores, a la conciliación y a las arcas de la Seguridad Social.

Respecto al plazo que esperará la Inspección para comenzar a sancionar, la ministra señaló que “no se va a pillar las manos”, pero que “debe ser razonable. La moratoria no es sine die”.

Sobre la cuantía de las multas establecida en la norma, dijo que “se podía haber establecido una sanción por cada trabajador que no cumple”, pero que “se ha decidido empezar por una global”, considerando una falta grave –con entre 600 y 6.000 euros– que se graduará en función de la entidad.

Valerio explicó que, tras la entrada en vigor del plan director por un trabajo digno, la Inspección de Trabajo vio imposible controlar cuándo una persona estaba dentro del horario en contrato o fuera ni comprobar si estaba haciendo horas extra, lo que motivó la obligación de registrar el tiempo de trabajo de todos los empleados.

El menos intrusivo
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) incidió en que el control de la jornada laboral por parte de las empresas debe ser “el menos intrusivo posible”. El organismo que vela en España por la privacidad y la correcta protección de datos de los ciudadanos subrayó que una empresa no tiene por qué pedir el consentimiento a un empleado para controlar su jornada laboral, pero sí está obligada a informar sobre el tratamiento de esos datos que va a recopilar y sobre sus fines.

Fuentes de la Agencia hicieron estas aclaraciones a EFE tras la entrada en vigor del registro de la jornada laboral que obliga a todas las empresas a anotar diariamente las horas de trabajo de sus empleados con el objetivo de controlar posibles excesos de jornada. 
Este registro debe incluir el horario concreto de inicio y finalización de la jornada de cada empleado por el mecanismo que cada empresa acuerde con los representantes de los trabajadores o en su defecto, el que decida el empresario, y que puede ser desde manual hasta biométrico. 

Esos controles deben conservarse durante cuatro años y estar disponibles para el trabajador, sus representantes sindicales y la Inspección de Trabajo.