El escrutinio de la vida pública de los políticos a través de sus cargos

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El objetivo de la declaración de actividades y bienes es el de controlar si los políticos tienen alguna variación que pueda hacer sospechar de un enriquecimiento ilícito durante su actividad política. La comparativa se puede hacer no solo a través de los informes municipales, sino también en los que se exigen en el Parlamento de Galicia o en el Congreso (son prácticamente iguales). Tanto en un caso como en otro se inidica la cantidad que los diputados pagan de IRPF, las rentas percibidas por sueldos, dividendos o interes, la fecha de adquisición de los inmuebles y su localización, el saldo de los depósitos y también la fecha de concesión de créditos, su importe inicial y el saldo pendiente.
En el caso de Beatriz Sestayo su declaración en el Parlamento de Galicia tiene fecha de marzo de 2013, con datos extensos sobre sus propiedades, e incluye el saldo pendiente en sus préstamos, que tenía en régimen de gananciales, y que entonces superaba los 300.000 euros. También circula la declaración que realizó para presentarse a las primarias del PSOE local, en noviembre de 2014, con una deuda similar.
Con Yolanda Díaz puede seguirse también su evolución en el Parlamento y en el Congreso. En el documento más reciente (del 8 de enero) declara 4.000 euros de saldo y una hipoteca con 64.500 euros pendientes (de la que ha pagado más de la mitad).
Juan Juncal, por su parte, declara en el Congreso hasta seis locales comerciales, participaciones en sociedades y acciones y 123.000 euros en el banco.

El escrutinio de la vida pública de los políticos a través de sus cargos