9º-17º
martes | 23 abril | 2024
La abogada Carmen Ventoso, que ejerce la defensa del electricista acusado de robar el códice Calixtino, pidió ayer en el primer día del juicio oral la nulidad de la instrucción, que el Ministerio Fiscal y la Iglesia, personada como acusación particular, defienden porque se “ajusta a derecho”.
Manuel Fernández Castiñeiras, que presenció la vista desde el banquillo, cabizbajo en todo momento, junto a su mujer Remedios Nieto y su hijo Jesús, dará hoy su versión de este robo que se remonta al 2011, y será esta la primera vez que hable tras el mutismo que mantuvo desde su arresto, un año después de este hurto.
El ladrón confeso del códice, que estuvo interno en el penal de Teixeiro desde julio de 2012 hasta enero de 2013, está acusado de dos delitos de robo con fuerza, uno de ellos continuado; un delito contra la intimidad y otro de blanqueo de capitales.
Para su mujer, Remedios Nieto, y su hijo, Jesús Fernández Nieto, el Ministerio Fiscal limita su petición de pena a un año y medio de prisión para cada uno de ellos por blanqueo de capitales.
En la primera sesión de este juicio, que se alargará hasta el 5 de febrero, la cual estuvo dedicada a solventar las cuestiones previas, la letrada que defiende a los tres miembros de esta familia solicitó la nulidad de todas las actuaciones, puesto que considera que la instrucción está infectada.
En los juzgados compostelanos de Fontiñas, la letrada señaló que “nos encontramos con una situación de Guantánamo procesal”, en la que todo es “nulo de pleno derecho” y un claro ejemplo sobre “cómo vulnerar de forma palmaria y clamorosa” los derechos fundamentales de las personas, puesto que “ninguno de los tres acusados” tuvo “un juez imparcial”.
mala lección
Carmen Ventoso atacó al juez instructor del caso, José Antonio Vázquez Taín, y de él subrayó que dio una lección acerca de lo que “no se debe hacer”.
La letrada cargó durante casi dos horas contra Vázquez Taín, y de este juez criticó los registros hechos en las propiedades del acusado, los cuales se extendieron por más tiempo del que contemplaba el auto; la propia detención de su cliente, y la comparecencia ante el instructor, tras la que fue llevado a prisión, porque se excedió el plazo legal de 72 horas.
Al respecto, Ventoso consideró que la declaración judicial de Fernández Castiñeiras en la que confesó la autoría del robo “contraviene la legalidad vigente”.
La letrada expuso algunas de las frases y preguntas que realizó el instructor en dicha declaración, que para Ventoso supusieron una “coacción” para su patrocinado al tratarse de cuestiones “sugestivas y repetitivas”, en las que se observa un trato “cuasi despectivo”.
Ventoso también arremetió contra la manera en la que se halló el manuscrito del siglo XII, porque en la inspección no estaba su patrocinado ni su abogado, a pesar de que éste estaba detenido y debería, por ley, haber participado en el registro.
Sobre el examen practicado en el piso de O Milladoiro, residencia del matrimonio, donde se encontró dinero y documentación eclesiástica, consideró Ventoso que el escenario estaba “contaminado” puesto que la Policía instaló micrófonos.
Asimismo, hizo énfasis esta abogada en que las grabaciones de las cámaras de seguridad realizadas en el despacho del deán y en el claustro de la basílica se entregaron un año más tarde.
