Se supone que los años más duros de la crisis económica han quedado atrás, pero sus efectos se dejan notar a nivel de la calle, donde son muchos los coruñeses que afrontan graves dificultades para cubrir necesidades tan básicas como las de la vivienda. Y la prueba es que los lanzamientos aumentaron durante el segundo trimestre de este año: según las estadísticas del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), el número de cumplimientos positivos de estas órdenes creció un 23%.

El TSXG recoge las cifras de la Servicio Común de Notificaciones y Embargos del partido judicial de A Coruña, que señala que si, entre abril y junio del año pasado se emitieron 112 órdenes de lanzamiento, y 73 de ellas de cumplieron positivamente. Ya en el mismo período de este año, la cifra se elevó a 122 tramitadas y 94 cumplidas. Eso quiere decir que no solo se elevó el número de lanzamientos, sino que también se ha incrementado su efectividad, pasando de un 65% a un 77% de éxitos.

Desde el TSXG matizan que eso no quiere decir que cada lanzamiento se realice con presencia de la Policía Nacional y funcionarios del juzgado llamando al a puerta de los afectados. En la mayoría de los casos, estos entregan las llaves del domicilio antes de que la situación llegue hasta ese punto. Cada vez son menos las protestas callejeras por este motivo frente al domicilio, aunque se siguen produciendo en los juzgados donde se disputan los casos.

más esfuerzos

En este estado de cosas, uno de los grupos más activos en la lucha contra este problema, Stop Desahucios, hizo el lunes un llamamiento al Gobierno local para que redoblara sus esfuerzos para evitar desalojos. Fuentes del movimiento reconocieron que el Ayuntamiento ha puesto en macha algunas iniciativas, como la mejora del protocolo establecido por el Gobierno local durante el mandato del PP con los juzgados tras el famoso caso de Aurelia Rey, la octogenaria cuyo intento de desalojo de su buhardilla de Padre Feijoo suscitó una protesta callejera. Eso fue hace ya tres años y, desde entonces, el protocolo ha ayudado a muchos.

El Ayuntamiento también se ha propuesto no colaborar en cualquier tipo de desahucio con medios o personal municipal, pero no ha cancelado sus cuentas en todas entidades bancarias que practiquen desahucios como había prometido durante la campaña electoral.

Precisamente con los bancos ha mantenido conversaciones en las que aseguraron al alcalde, Xulio Ferreiro, que no se estaban ejecutando hipotecas de viviendas de primera ocupación. Pero desde Stop Desahucios aseguran que todos los casos que tienen son de ese tipo.

“Una docena a día de hoy. Precisamente tenemos uno en Monte Alto que puede obligarnos a protestar en al calle en noviembre”, advierten. Sobre la mesa de Stop Desahucios hay toda clase de casos, desde aquellos en los que ya se ha ejecutado la orden de lanzamiento y solo quiere librarse de seguir pagando la hipoteca hasta los que consiguen paralizar el desahucio. Pero esos son los menos.