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viernes | 19 abril | 2024
El exministro de Fomento José Blanco confió ayer en la inocencia de los once exdirectivos del Adif imputados por el juez que investiga el accidente del Alvia y aseguró que el ente ferroviario cumplió con la legalidad y con la normativa de seguridad en la puesta en servicio de la línea.
“Tengo el convencimiento personal de que el Adif cumplió con la legalidad y con la normativa de seguridad en el proceso de construcción y de puesta en servicio de la línea”, enfatizó Blanco en Vilagarcía, donde participó en un paseo electoral por el mercado de la localidad.
El titular del juzgado de instrucción número tres de Santiago que investiga el accidente del tren Alvia registrado el 24 de julio de 2013, Luis Aláez, imputó a once exdirectivos del Adif que podrían haber incurrido en un delito contra la seguridad colectiva y ser además hipotéticos partícipes en los delitos de homicidio y lesiones ocurridos en el siniestro, en el que perdieron la vida 79 personas.
Los once estaban en la dirección que se encontraba en activo cuando se remodeló la línea ferroviaria entre Ourense y Santiago, que se inauguró en diciembre del año 2011.
El juez entiende que los fallos en los sistemas de control y de protección pudieron haber generado “un riesgo intolerable que a la postre se ha traducido en el descarrilamiento de un tren con desastrosas consecuencias”.
Así, entre los imputados se encuentra el que fuera presidente de Adif, Antonio González Marín, el entonces director de seguridad en la Circulación, Andrés Cortabitarte, y nueve miembros del consejo de administración, Juan Carlos Cáceres, Mercedes Rodríguez Arranz, Félix Díaz Martínez, Juan Ángel Mairal, Carlos Bartolomé Marín, Javier Hurtado, Carlos María Juárez Colera, Mercedes Caballero y Gerardo Luis Gavilanes.
declaraciones
Las declaraciones comenzarán el 22 de este mes, cuando está citado Cortabitarte, seguirán los días 23, 26 y 27, y concluirán el 28, con González Marín.
El juez, que recibió en las últimas fechas informes periciales que inciden en que no había suficientes medidas de seguridad en la curva de A Grandeira, donde se produjo la tragedia ferroviaria, ya había imputado en su día a directivos de esta compañía.
Una imputación que levantó el órgano de apelación y que supuso que la instrucción retornase al punto en el que se encontraba a los cuatro días del accidente, con el conductor, –que no redujo la velocidad del convoy–, acusado de homicidio imprudente.
No obstante, no quedó cerrada la puerta a que se siguiese investigando para comprobar si en ese tramo, con una reducción drástica de velocidad de 200 a 80 kilómetros por hora, se necesitaban medidas adicionales de seguridad y así quedaba determinado por consenso técnico, puesto que en caso contrario tal apreciación sería “prematura y carente de base suficiente”.
El juez Luis Aláez siguió desde un inicio una línea de investigación que apuntaba a una causa múltiple y no únicamente al despiste del maquinista Francisco José Garzón Amo, hasta esta semana el único imputado, quien perdió el control tras atender una llamada del interventor de a bordo, Antonio Martín Marugán.
