La crisis energética derivada de la parálisis y posterior anuncio del cierre de la central térmica de As Pontes volvió ayer al Parlamento de Galicia, en una sesión que, como viene siendo habitual, no faltaron los reproches, pero también los acuerdos. Pese a las posturas contrarias y la ya numerosa colección de mociones rechazadas en ayuntamientos y la Diputación, finalmente PP, PSOE y BNG lograron aparcar sus diferencias para apoyar de forma conjunta una proposición no de Ley impulsada por los populares para exigir la reactivación de la central hasta contar con una alternativa real.

El texto, eso sí, contó con una enmienda por parte de los socialistas para eliminar el horizonte temporal marcado por el PP –2045–, siendo este sustituido por un período más difuso, plasmado como “el tiempo necesario”. La proposición, además, exige que el Gobierno lleve a cabo una negociación de urgencia para desarrollar con empresa, trabajadores y demás agentes afectados un convenio de “transición energética justa”, así como la incorporación de Galicia a la plataforma comunitaria para la compensación de regiones afectadas por la descarbonización.

Duelo electoral

A pesar del acuerdo alcanzado, los diferentes grupos políticos no dudaron en enzarzarse en intercambios de acusaciones sobre quién debería asumir la responsabilidad de la crisis.

El PP, por su parte, criticó que lo que el Gobierno central realizó “nin é unha transición, nin é xusta”, criticando que los socialistas gallegos “utilicen en Galicia un discurso diferente ao que utilizan en Madrid”. En este sentido, calificó a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, de “activista”, afirmando que “adiantou 25 anos a data límite fixada pola normativa europea”, pese a que el cierre de la central responde principalmente al aumento de los precios de emisión.

Por otro lado, el portavoz del grupo socialista, Xaquín Fernández, cargó contra el ejecutivo autonómico, asegurando que no aporta “nin recursos, nin ideas” y censurando que Alberto Núñez Feijóo “vaia a As Pontes, reúnase co alcalde e co presidente de Endesa para saír a criticar ao Ministerio, pero non di cal vai ser o seu plan de acción”..

En cuanto al resto de grupos, el diputado de Común da Esquerda, Anton Sánchez, afirmó que había que “salvar á xente, non a Endesa”, calificando de “electoralista” la actitud del PP y PSOE. En este sentido, Sánchez señaló que ambas administraciones compartían el mismo grado de responsabilidad al “non ter nada preparado para a transición”. De igual modo se expresó la portavoz de Industria del BNG, Noa Presas, que exigió un modelo económico alternativo y de futuro, a la vez que definía de “curtopracistas” las medidas propuestas por la Xunta.