El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, explicó que en esta legislatura no se va a hacer una reforma de la Constitución y, desde luego, “ninguna se hará con los parámetros” que plantean los independentistas catalanes, que lo que quieren es “liquidar la soberanía y la unidad de España”.

Estas declaraciones responden al debate abierto después de que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, mostrase la disposición del Gobierno a una futura reforma de la Constitución en casos concretos, como podría ser la delimitación de competencias del Estado y de las comunidades autónomas.

 En este sentido, el presidente de la Comisión Constitucional del Congreso y diputado del PP, Arturo García-Tizón, planteó ayer posibles cambios en la Constitución sobre el reparto de competencias en sanidad y educación. Los nacionalistas y la izquierda expresaron su recelo ante los planes del Ejecutivo.

Reacciones

El candidato del PP a las elecciones catalanas, Xavier García Albiol, observó que no se trata de “delimitar nada”, sino de plantear “cuál sería el modelo o fórmula mejor para que los servicios que se deben prestar, y la realidad que tiene el país, se recojan de forma más idónea”.

La propuesta del Ejecutivo fue recibida con críticas y recelos desde el ámbito nacionalista. “No sé si estas manifestaciones son un elemento de distracción o simplemente una propuesta que seguro que llega tarde”, dijo la consellera de Gobernación de la Generalitat, Meritxell Borràs.

Más crítico fue el coordinador general de CDC, Josep Rull, para quien la idea lanzada por el ministro “es un escándalo”, dado que su objetivo es “culminar la recentralización del Estado”.

También expresó su preocupación el diputado del PNV Pedro Azpiazu, quien entiende que el PP piensa “lo contrario” sobre este asunto que los nacionalistas y advirtió de que para que una reforma constitucional sea aceptada por su partido “tiene que reconocer que Euskadi es una nación y tiene derecho a decidir su propio futuro”.

La presidenta navarra, Uxue Barkos, auguró que “evidentemente” su posición será discrepante de la del PP en ese debate, pero indicó que discutir la reforma “entra en el terreno de la lógica y del discurrir político”.

Por su parte, el portavoz de la Izquierda Plural, José Luis Centella, apostó por abrir un proceso constituyente que adapte al siglo XXI la Constitución de 1978 frente al “cambio cosmético” y “regresivo” que, a su juicio, propone el Gobierno del PP.

La candidata a la presidencia de la Generalitat de Cataluña por Ciudadanos, Inés Arrimadas, recordó que “en cuatro años de gobierno con mayoría absoluta no han hecho nada” al respecto.

El aspirante a la Generalitat de Catalunya Sí que es pot, Lluís Rabell, calificó de “retrógrada” y “recentralizadora” la propuesta.

Además, la idea causó sorpresa en gobiernos presididos por el PP, como el de la Comunidad de Madrid, cuya presidenta, Cristina Cifuentes, manifestó que esa reforma “no está sobre la mesa en este momento”.

La presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, se mostró partidaria de acometer esa reforma, pero siempre que haya un amplio consenso. “Para abrir el melón de la Constitución hay que tener muy claro” que es necesario que se haga con un nivel de acuerdo “superior al que tuvimos en el 78”, declaró.

El secretario de Política Federal del PSOE, Antonio Pradas, consideró que el PP tiene una “oportunidad de oro” para iniciar el proceso aceptando la propuesta que hizo el PSOE en diciembre de abrir una subcomisión parlamentaria, en la que deberían participar tanto los partidos que actualmente cuentan con representación en el Congreso de los Diputados como los que no.

Para el socialista, esa sería la forma de demostrar que su intención es “sincera” y no una “cortina de humo”.