El sindicato CIG solicitó recientemente por escrito a la Xerencia Integrada del Centro Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF) la futura incorporación en los pliegos de contratación de servicios para el área sanitaria de una serie de cláusulas para garantizar el cumplimiento de los derechos sociales de los empleados de las empresas adjudicatarias.

El presidente del Comité de Empresa de Ferrolvial –compañía encargada del servicio de limpieza de los hospitales de Ferrol–, Marcos del Río, ofreció ayer una rueda de prensa en el local social de la CIG en la que expuso las condiciones laborales de los trabajadores a los que representa, así como las diferentes cláusulas presentadas ante el organismo.

Del Río explicó que desde el sindicato llevaban años solicitando estas incorporaciones sin obtener respuesta, pero que la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratación Pública del 9 de marzo de 2018 debería facilitar el proceso, dado que el objeto de la misma es hacer más sencilla la inclusión de cláusulas de responsabilidad social en los pliegos de contratación.

Así, el ente sindical solicitó, amparado por esta normativa, la incorporación de nuevas disposiciones, tales como que las condiciones sociales figuren de forma concreta y clara en los pliegos de contratación; penalizaciones para aquellas empresas que no cumplan con lo acordado en materia laboral; garantías de respeto a la igualdad de género; que algunas de estas cláusulas sean
denominadas de carácter esencial –y por ello especialmente controladas–; y un mayor compromiso a la hora de crear trabajo estable y una mayor transparencia.

El presidente del Comité aseguró durante la rueda de prensa que muchos de estos principios no solo no se estaban cumpliendo en el servicio ofertado al CHUF, sino que, además, pese a las continuas protestas el contratos de limpieza “recaeu de maneira ininterrompida en empresas do grupo Ferrovial dende hai 14 años, ao obter sempre a mellor puntuación na parte técnica”.

Del mismo modo, Marcos del Río reiteró que “unha administración pública non pode consentir que unha empresa veña aquí a quitar beneficios a toda costa e que recortar dereitos ou despedir lle saia gratis” y que “os fondos públicos non poden ser utilizados para que empresas privadas especulen con eles e si para conseguir obxetivos sociais”.