El alcalde de Narón, Xosé Manuel Blanco Suárez, apuesta por la negociación para encontrar una salida al conflicto que mantienen los Concellos con la Xunta de Galicia por la subida de los precios de Sogama.
Blanco asegura que la solución de este problema, “que irremediablemente repercutirá nunha suba de 3 euros ó trimestre” en cada recibo de la basura, pasa por el diálogo y acuerdo con los Ayuntamientos perjudicados por el aumento “desproporcionada” del canon que se debe pagar a Sogama para el tratamiento de los residuos urbanos.
“A cooperación e a lealdade institucional son a chave que abre a porta á solución dun problema que non crearon os Concellos e cuxos custes non poden recaer nos cidadáns”, asegura el regidor municipal en un bando expuesto desde ayer en el Concello y en las asociaciones de vecinos del término municipal.
“Penalizar aos veciños coa suba non é a nosa solución”, insiste un regidor, que también reclama la creación de una mesa de diálogo y negociación para barajar otras posibles alternativas. Entre otras, desde el gobierno de Narón se apuntan desde la la posibilidad de un reparto equitativo de los costes hasta la opción de reformar el modelo de gestión de Sogama para hacerlo más eficiente, tanto en lo que se refiere al apartado económico como medioambiental.
Blanco señala que una solución “non é tal se é inxusta, desproporcionada e imposta por unha parte” ni cuando se considera prioritario salvar el balance de cuentas de la propia Xunta o si se trata de blindar el margen de beneficios de la empresa privada que cogestiona la planta de Sogama. Tampoco, dice Blanco, puede verse la salida al problema mientras que “nos recomenda aos gobernos locais que repercutamos a suba nos recibos que pagan os nosos veciños”.
Origen del problema
Como se recordará, la Xunta anunció una subida de un 34% del canon que los 296 concellos deben abonar a Sogamoa por el tratamiento de la basura, como consecuencia de la reforma eléctrica y la retirada de las bonificaciones económicas a las energías renovables por parte del Gobierno de Mariano Rajoy.
Esta decisión provocó un déficit de 14 millones de euros en las cuentas de Sogama, que obtiene la mitad de los ingresos con la tasa que cobra a los ayuntamiento por el procesado de la basura y la otra mitad por la venta de la electricidad que se genera con la incineración de los desperdicios en la planta de Cerceda. De aplicarse la medida, los Concellos pasarán de pagar 61,5 euros por tonelada a 82,1.
