Los arquitectos técnicos del Concello de Ferrol María del Mar Piñeiro Otero y David Couselo Méndez han sido finalmente absueltos de un delito contra la seguridad de los trabajadores, por el que inicialmente habían sido condenados. 
La absolución ha sido decretada por la Sección 1 de la Audiencia Provincial de A Coruña, que estimó el recurso presentado, además de por los ya mencionados, por el también arquitecto técnico Francisco José Manzano, que había sido contratado específicamente para el control y seguimiento de los trabajos realizados en el antiguo cuartel Sánchez Aguilera. Sin embargo, en este último caso, la Audiencia únicamente estima en parte el recurso de apelación presentado, ya que se limita a rebajar la condena inicialmente impuesta dejándola ahora en seis meses de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la misma, además de multa de seis meses con cuota diaria de seis euros. No obstante sí se le absuelve del delito de lesiones imprudentes “que se degrada a una falta de lesiones por imprudencia leve de la que se le exonera al haberse quedado despenalizada esta falta”, señala el fallo.
Los sucesos objeto de la inicial condena y de la posterior absolución se remontan al 10 de febrero de 2011, cuando Inspección de Trabajo cursó una visita a las obras que se estaban desarrollando en las mencionadas instalaciones.
Tan solo una semana después se decretaba la paralización de los trabajos por parte del mencionado organismo. Se da la circunstancia de que el 19 de noviembre de 2010 un trabajador resultó herido al caerse de una altura de tres metros cuando procedía a la retirada de una cubierta de uralita. Dicha ocupación era desempeñada sin que los operarios recibiesen instrucciones concretas ni formación sobre la peligrosidad del manejo de este material, altamente contaminante y muy perjudicial para la salud dado su alto contenido en asbestos. Como se sabe, la manipulación de este compuesto, empleado durante décadas en la construcción naval, generó un incontable número de afectados, en muchos casos con el resultado de fallecimiento o de graves secuelas físicas.

repercusiones
El caso propició en su momento la intervención judicial, que desarrolló el magistrado Alejando Morán Llordén, al derivar en la supuesta contratación irregular de trabajos por parte del Concello mediante la sucesión de adjudicaciones a la empresa Albanese por cuantías inferiores a los 18.000 euros, el máximo permitido por la ley para que no sea obligatoria la concurrencia pública en adjudicaciones de la administración. 
La investigación conllevó la imputación de los concejales del gobierno del socialista Vicente Irisarri Ángel Mato y Gerardo Pérez Castrillón. La causa fue en su día archivada en ambos casos.