Amenazaban a las menores rumanas con vender a sus bebés

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La Dirección General de la Policía facilitó ayer por primera vez una amplia información sobre la operación desarrollada la semana pasada que concluyó con la desarticulación de un clan de ciudadanos rumanos que operaba en la comarca de Ferrol y, supuestamente, obligaba a menores a las que traída de su país a mendigar por las calles, además de tenerlas esclavizadas en las labores de la casa y el cuidado de los niños. En el marco de dicho operativo hubo veinte detenidos, que se quedaron en libertad con cargos, y se liberó a seis supuestas víctimas, una de ellas de 18 años y las otras menores de edad.
Según la información policial, las seis jóvenes eran obligadas a  ejercer la mendicidad en las calles de Ferrol. El clan familiar que retenía a las menores estaba integrado por 20 miembros a los que se imputan delitos de trata de seres humanos y mendicidad de menores, entre otros.
Las víctimas habían sido traídas desde Rumanía bajo la promesa a su familia de contraer matrimonio con un miembro del clan y trabajar en España, logrando así que les cedieran su custodia.
Una vez en España, las menores eran verdaderas esclavas para las “familias de acogida”, ya que debían ocuparse de la casa, los niños y dedicar al menos ocho horas diarias a ejercer la mendicidad bajo durísimas condiciones.
Tres de las menores liberadas habían dado a luz recientemente y, según relata la Policía Nacional, eran amenazadas con que venderían a sus bebés si no obtenían mayores limosnas, que los detenidos usaban con posterioridad para adquirir vehículos de alta gama.
La investigación comenzó a principios del año 2013, cuando trabajadores de los Servicios Sociales del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF) comunicaron a la Policía Nacional el ingreso en dicho centro de una menor de edad sin acompañar que se encontraba en avanzado estado de gestación. La joven, de 16 años, desconocía totalmente el castellano y parecía estar muy asustada.
En las primeras investigaciones de la Policía se descubrió que la menor se encontraba a cargo de una familia de origen rumano afincada en Ferrol.
El líder de la familia contaba con un acta de declaración notarial rumana concedida por los padres de la menor que autorizaban su traslado a España.
Los siguientes pasos de la investigación llevaron a los agentes a averiguar que había otras menores de edad a cargo de miembros del mismo clan. Todas ellas estaban dotadas también de la correspondiente declaración notarial rumana sobre su custodia.

Líder del clan
La Policía segura que todos los implicados tenían funciones diferenciadas para la consecución de los objetivos de su organización. El grupo criminal se estructuraba en varias familias, dirigidas y coordinadas por un único hombre de 64 años de edad, Aurel Curt, el abuelo, a quien recurrían todos ante cualquier contratiempo y al que obedecían ciegamente.
La actuación coordinada y en grupo de todos los miembros del clan era, fundamentalmente, para dar mayor credibilidad a sus argumentos. Así conseguían engañar a las familias de las chicas para que les concediesen la autorización notarial otorgándoles la custodia y, de este modo, poder trasladarlas pasando los puestos fronterizos sin ningún tipo de problema.

estafa sentimental
Según la Dirección General de Policía, el engaño se basaba en  una especie de estafa sentimental. La familia de “acogida” fingía interés en unir sentimentalmente a uno de los varones solteros del clan con la víctima elegida. Toda la organización colaboraba para conseguir el propósito de traerse a la chica a España. Para ello, y con el fin de lograr la absoluta confianza de los progenitores de la menor, acudían todos ellos a su domicilio, cumpliendo así con las costumbres culturales de los gitanos rumanos con este solemne acto.
De este modo, bajo la falsa apariencia de una relación sentimental de los varones solteros de la “familia de acogida”, las menores se encontraban en una situación de deuda y de esclavitud para con ellos, que las obligaban a ejercer la mendicidad.
El engaño no sólo era sobre la relación sentimental que las chicas iban a mantener con los varones del clan, sino también sobre la actividad laboral que ambos iban a realizar en España.
El clan aseguraba que se dedicaban a realizar trabajos agrícolas o en el sector de la construcción, y así conseguía ganarse la confianza de los padres de las menores.

compra de voluntades
En otros casos, la organización compraba la voluntad de las familias de las niñas con cantidades de dinero que variaban entre 2.000 y 6.000 euros, en compensación por llevarse a sus hijas a España, lo que autorizaban sin ningún tipo de consentimiento por parte de las jóvenes.
Este dinero tenía que ser devuelto a la organización en el caso de que la menor tuviera que ser retornada a Rumanía porque no sirviera para mendigar o su comportamiento no fuese el esperado.
Una vez afincadas en España, las víctimas se encontraban de-samparadas. Desconocían el idioma, costumbre o leyes, estaban separadas de sus familias y convivían bajo el mismo techo con desconocidos. En el momento en que llegaban a Ferrol y su comarca eran obligadas a trabajar para las familias que las “acogían” en horarios que abarcaban todo el día, teniendo que cuidar a los niños, preparar comidas para todos los miembros del clan, hacer la compra y realizar las labores del hogar.

Duras Condiciones de vida
Las condiciones de vida a las que estaban sometidas las víctimas eran durísimas, siendo constantemente vigiladas por las mujeres mayores del clan, que no les permitían en ningún momento quedarse con el dinero obtenido. Además, estas mujeres se aseguraban del total aislamiento de las víctimas, así como de su absoluta dependencia del clan, para que no dejasen de mendigar.
Según la Policía, todo el dinero que conseguían tenían que entregarlo a los dirigentes de cada familia, siendo el patriarca del clan quien decidía, según las necesidades, si alguna de estas familias debía dar dinero a otra por no haber recaudado sus chicas lo suficiente.
Estos beneficios eran utilizados en la mayoría de los casos para invertir en el mercado automovilístico.
Las menores eran sometidas frecuentemente a todo tipo de insultos, vejaciones y maltrato, obligándolas a mendigar incluso bajo lluvia o frío, siendo vigiladas por los miembros del clan en todo momento desde un vehículo aparcado en las proximidades. Los captores pensaban que cuanta más lástima provocaran más dinero obtendrían
Las investigaciones permitieron la liberación de seis víctimas y cuatro hijos de ellas de entre tres meses y tres años.
La operación fue llevada a cabo por el Grupo VIII de la Brigada Central contra la Trata de Seres Humanos de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras y la Brigada Local de la Comisaría de Ferrol-Narón, y ha sido posible gracias a la estrecha colaboración de las autoridades rumanas y la coordinarión entre las embajadas de España y Rumanía.
En el transcurso de la misma, que contó con la participación de cincuenta agentes, se registraron seis domicilios y el Juzgado de Instrucción ferrolano ordenó la inmovilización de 18 vehículos, algunos de alta gama, además del bloqueo de varias cuentas bancarias.
También se intervinieron varias actas notariales, alrededor de 4.000 euros en efectivo, armas blancas y numerosa documentación personal de las víctimas, parte de la cual se encontraba guardada bajo llave, además de dispositivos electrónicos y terminales móviles de última generación.

Amenazaban a las menores rumanas con vender a sus bebés